“¡Desde lejos, Chiapas parecía suficientemente específico!”.
Trayectoria investigativa y problemas socioambientales en la Lacandona.
—Entrevista a Tim Trench.—
Introducción
Tim Trench es historiador de formación, cuenta con una maestría en antropología del desarrollo por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y un doctorado en antropología social por la Universidad de Manchester. Fuera de algunas tempranas investigaciones en la India, ha dedicado la mayor parte de su trayectoria académica al estudio de los problemas ambientales y del desarrollo rural en el sureste mexicano, y en particular en Chiapas, donde reside desde hace más de 18 años.
Actualmente es uno de los investigadores de mayor experiencia en la complejidad social y ambiental que caracterizan la historia contemporánea de la llamada Selva Lacandona. Lo cual es producto de su permanente contacto con la región, del camino consolidado a través de sus propias investigaciones, de las investigaciones de las y los estudiantes que ha formado en la maestría en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo, pero también de sus experiencias de acompañamiento, asesoría y alianza con pobladores locales, instituciones ambientales y centros internacionales de investigación en política pública ambiental.
Otra de las facetas del trabajo de Tim se caracteriza por su exploración investigativa a través de medios audiovisuales, lo cual ha redundado en la co-realización de varios documentales. Dichos trabajos han permitido la visibilización de distintas situaciones problemáticas en la Lacandona, entre las que se cuentan la persistencia de las incertidumbres agrarias padecidas por poblaciones indígenas, así como las dificultades experimentadas por agrupaciones campesinas que viven de algunos de los recursos no maderables que ofrecen los ecosistemas de selva.
Teniendo en cuenta la amplia y versátil trayectoria investigativa de Tim, así como la influencia que ha tenido en jóvenes investigadores e investigadoras que hemos incursionado en el estudio de problemas socioambientales en la Lacandona, Chiapas, y en general en el sureste mexicano, le planteamos reflexionar de manera detallada sobre su propio camino y en torno a varios de los dilemas que caracterizan la relación entre diversidad cultural y diversidad biológica. Con el ánimo de ofrecer al lector claves para comprender el trabajo de Tim, las reflexiones que nos ofrece y la complejidad de los problemas socioambientales derivados de la tensión entre diversidad cultural y diversidad biológica, a continuación ampliamos lo que dicha relación tensa contempla.
El sureste mexicano es un espacio de gran relevancia por su diversidad sociocultural y su biodiversidad. Chiapas es uno de los estados donde se encuentran poblaciones con historias cultural, económica y políticamente diversas, así como territorios con una gran riqueza y complejidad ecosistémica. Pese a que dichas particularidades son reconocidas desde hace más de medio siglo y siguen siendo objeto de investigaciones y acciones de política pública, éstas continúan originando múltiples contradicciones.
Entender las tensiones que surgen entre ambas particularidades implica ahondar en lo que ellas mismas comprenden. La diversidad biológica, además de hacer referencia a la abundancia, riqueza y complejidad de ecosistemas naturales, alude a la presencia de entornos escasamente modificados por la acción humana. La diversidad sociocultural, por su parte, además de hacer referencia a las múltiples particularidades que distinguen entre sí a las poblaciones humanas, refiere a las diferencias económicas y políticas que configuran sus relaciones. En este sentido, ni la biodiversidad ni la diversidad sociocultural son sólo atributos positivos, ni mucho menos ahistóricos.
Aunque la biodiversidad en sí misma puede ser valorada como positiva, generar condiciones para su conservación reporta beneficios para unos, así como implicar efectos adversos para otros. Asimismo, aunque la diversidad sociocultural llega a exaltar positivamente, la promoción de formas de distinción suele entrañar prácticas de inclusión para unos y de exclusión para otros. Por otra parte, tanto la biodiversidad como la diversidad sociocultural son, en primera instancia, categorías que tomaron cuerpo en un contexto global en el que entraron en cuestión las formas intensivas de aprovechamiento de los entornos y la primacía de ciertas maneras de ver e interactuar en el mundo y con la naturaleza. Así entonces, una exploración de lo que entraña la biodiversidad y la diversidad sociocultural para determinadas áreas del planeta implica adentrarse en los efectos que ellas provocan, pero también estudiar la manera como ellas moldean la historia de personas y lugares específicos.
Si la biodiversidad y la diversidad sociocultural son cuestiones en sí mismas problemáticas, la relación entre ambas no lo es menos. Chiapas da cuenta de que la diversidad biológica y sociocultural de ciertos territorios son parte de un mismo y contradictorio proceso histórico. Uno en el cual determinadas poblaciones y determinados entornos se configuraron como apéndices de dinámicas hegemónicas de apropiación y producción socioambiental. Entornos que hoy son valorados por su importancia ecológica, mantuvieron buena parte de sus atributos al estar articulados de manera temporal o marginal a circuitos económicos de distinta talla. Por su parte, la confluencia de grupos de población de diverso origen y trayectorias de vida, en áreas de importancia ecológica, responde al hecho de haber sido marginados de las dinámicas económicas predominantes en territorios intensa y exclusivamente explotados.
Aunque la colonización de tierras biodiversas por parte de poblaciones humanas marginadas fue valorada positivamente durante un periodo breve de tiempo a mediados del siglo XX, específicamente entre las décadas de 1960 y 1970, las contradicciones sociales y los efectos ecológicos adversos de tal proceso no tardaron en emerger y generar controversias que siguen sin ser resueltas hasta la actualidad. De modo que trayectorias investigativas como la de Tim resultan de gran importancia para comprender los cambios en los entornos y en las poblaciones, pero también para entender ampliamente lo que se ha hecho para enfrentar las contradicciones derivadas de la ampliación de la frontera agrícola y la explotación no sustentable de los recursos, así como el acceso y distribución desigual de éstos en el territorio nacional.
En la entrevista que presentamos a continuación, Tim nos lleva desde su Chiapas imaginado, antes de su llegada a México, hasta la Lacandona contemporánea, en la cual el turismo y el llamado ecoturismo están a la orden del día, al ser considerados unas de las alternativas a través de las cuales se puede resolver la disyuntiva entre conservación y desarrollo rural. También nos lleva a otros lugares del sureste mexicano, en particular hacia el estado de Yucatán, donde las contradicciones entre diversidad cultural y diversidad biológica también se manifiestan, aunque de una manera muy distinta a Chiapas. Y, en estos recorridos, veremos varias de las discusiones académicas que han influenciado su comprensión y su manera de reflexionar en torno a los problemas socioambientales en la actualidad.
Así entonces, Tim nos lleva inicialmente a las discusiones antropológicas que han suscitado los proyectos de desarrollo dirigidos al llamado “tercer mundo”. Posteriormente, nos pasea por los debates sobre el campesinado y la cuestión agraria muy característica de la sociología y la antropología hecha en México; además de darnos una idea general de los influyentes aportes de los estudios postcoloniales y foucaultianos a los estudios socioambientales, a la antropología de la conservación ecológica y el desarrollo, así como a la hoy pujante ecología política. Finalmente, a la luz de su primera experiencia como consultor experto en el plano internacional, Tim nos acerca a uno de los conceptos y corrientes de pensamiento y planeación de políticas públicas más influyentes de los últimos años: aquel de la gobernanza y, en particular, de la gobernanza multinivel. Mediante varias de sus respuestas, Tim reflexiona sobre los límites y alcances de esta experiencia, así como de tales conceptos y enfoques. Esto último, justo en un periodo donde las instituciones ambientales han padecido los embates de reformas económicas de corte neoliberal de un gobierno saliente. Pero también, justo en un contexto donde la banalidad con la que potencias mundiales asumen el debate del cambio climático y el cambio global nos confronta con múltiples incertidumbres sociales y ambientales.
El lector interesado en otros de los artículos presentados en este número de EntreDiversidades encontrará, adicionalmente las influencias y diálogos de la senda investigativa donde nosotras y algunos jóvenes investigadores hemos confluido con Tim y donde hemos aprehendido parte de los frutos de la cosecha que nos ha ofrecido.
Tim, ¿cuáles consideras que son las grandes etapas de tu trayectoria investigativa en Chiapas?
No sé si han sido muy “grandes”, de alguna forma una cosa simplemente llevó a la otra. Sin embargo, me doy cuenta —ahora que llevo casi 20 años en Chiapas— que puedo identificar ciertas etapas. Tal vez como muchos estudiantes e investigadores que venimos de fuera y que nos hemos quedado aquí, comprendo ahora que los primeros años de investigación fueron nada más una introducción a la ruralidad mexicana y chiapaneca, y a la historia nacional y regional. Cuando llegué a San Cristóbal de Las Casas en 1999 con una beca para realizar el trabajo de campo para mi tesis doctoral en antropología social en la Universidad de Manchester, Reino Unido, sabía muy poco de México, de Chiapas y del trópico-húmedo, en general. Mi proyecto original se enfocaba en la relación entre el turismo, la arqueología y la identidad indígena; no sabía exactamente dónde iba a hacer trabajo de campo. Desde lejos, ¡“Chiapas” parecía suficientemente específico!
Tuve varios comienzos falsos en campo, pero eventualmente empecé a pasar temporadas en Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal en la Selva Lacandona. Ambas comunidades ofrecían posibilidades para estudiar los temas que me interesaban en ese momento, con la activa promoción del turismo en torno a los dos sitios arqueológicos —Bonampak y Yaxchilán—, además de nuevos proyectos de museos, infraestructura y capacitación para trabajar en el turismo. Pero resultaba que el impulso atrás de las inversiones venía principalmente del sector federal ambiental y de organizaciones no gubernamentales, ONG, ambientalistas como Conservation International. La meta principal era la conservación de la biodiversidad de la selva, “el último reducto de selva alta perennifolia en Norteamérica”. Pronto aprendí que en la Lacandona la biodiversidad tenía dueño(s), en la forma de comunidades agrarias y ejidos, pero que el terrateniente más grande era la Comunidad Zona Lacandona, CZL, con medio millón de hectáreas, que incorporaba tres cuartas partes de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Rebima.
Entonces una primera etapa fue la investigación de mi tesis de doctorado, que terminé en 2002. Al final la tesis se enfocó en los lacandones de Lacanjá Chansayab y abordó la historia demográfica y agraria de la Selva Lacandona, e inevitablemente las políticas de conservación y sus efectos en las disputas territoriales, las identidades locales y las relaciones políticas, en general. Además, el tema Rebima se volvió muy polémico durante mi tiempo en campo, entre 2000 y 2002, con desalojos de poblados “invasores” dentro del polígono de conservación, el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, con la “Marcha del Color de la Tierra”[1] , y constantes rumores en la prensa sobre biopiratería y la apropiación de recursos por parte de entes externos —desde la empresa Pulsar hasta el ejército israelí—[2] .
El turismo se volvió menos prominente en mi análisis, en la medida que entendía su relación con otras dinámicas territoriales, culturales y políticas. Además, en términos de número de visitantes, el turismo no resultó ser tan importante, aunque como discurso unía los objetivos de la conservación con la lógica del mercado, donde las identidades étnicas se habían vuelto parte de la atracción —bajo el eco y el etnoturismo—. También me di cuenta de que el supuesto “exoticismo”, o mejor dicho excepcionalidad de los lacandones, se debía mucho a la antropología misma y su construcción del lacandón como objeto etnográfico en la segunda mitad del siglo XX. Me inspiré en el libro de Quetzil Castañeda (1996) para mostrar cómo un proceso dialógico entre la práctica de la antropología había dejado huella en las autorrepresentaciones de los lacandones (Trench, 2002, 2005).
Un cambio de metodología me llevó a la siguiente etapa. Con mi amigo y colega Axel Köhler participé en la realización de un video documental sobre un grupo de teatro fundado y compuesto por lacandones jóvenes. La obra que querían poner en escena era una dramatización de las historias representadas en los famosos murales de Bonampak. Se hizo el corto-documental Más de mil años después (Chank’in Najbor, Köhler y Trench, 2001), y para mí fue tanto una introducción a la tecnología del video digital, como a la investigación colaborativa. La realización del documental —las pláticas, las filmaciones y el proceso de edición final— fue una oportunidad para indagar más en ideas acerca de la identidad lacandona y afirmar la importancia del acceso a los medios para participar en la representación “étnica”.
Entusiasmado con las posibilidades del video documental colaborativo, volví a trabajar con Axel en una investigación sobre algunos de los xateros de la Selva Lacandona (Köhler y Trench, 2004; Trench y Köhler, 2005). Los xateros viven del corte de hojas de palma camedor o “xate” que encuentran en la Selva para venderlas como follaje a la industria florera internacional. Durante mi investigación doctoral, había observado a estos señores llegar a Lacanjá Chansayab de quién sabía dónde para entregar sus “gruesas” de palma xate con los jefes lacandones, quienes vendían a los coyotes que venían de Tabasco. Luego descubrí que existían varios campamentos de xateros a una distancia de 10-20 kilómetros del poblado Lacanjá Chansayab, desde donde estos cortadores se metían más y más adentro para extraer la palma. Lo que me llamó la atención era la invisibilidad de los xateros, mestizos en su mayoría, trabajando para indígenas lacandones, y conocían muy bien las veredas y “montes” de la Selva Lacandona, más que muchos lacandones. Además, la actividad se caracterizaba por mucho intermediarismo, desinformación e ilegalidad, y los xateros tenían muchas historias que contar.
Al terminar este documental, entré a trabajar a la Universidad Autónoma Chapingo como profesor-investigador en 2004. Tenía que desarrollar un tema apropiado para el postgrado en desarrollo rural regional, entonces retomé el tema del xate como una oportunidad de “desarrollo sustentable” para las comunidades con selva. Con financiamientos de Semarnat, y junto a Gabriela Buda, desarrollamos un plan estratégico para el futuro manejo de la palma en la Lacandona. Con un segundo año de apoyo financiero empezamos a establecer viveros y plantaciones. Llevamos a los campesinos xateros a Veracruz, a la Sierra Madre y al Petén, en Guatemala, para conocer experiencias exitosas en la producción de la palma y recibir capacitación técnica.[3] Ofrecimos asesorías para el registro de las Unidades de Manejo Ambiental, UMA —instrumento legal que regula especies vegetales o animales consideradas amenazadas—, de xate.
Esta etapa fue de mucha colaboración con el sector ambiental. A la vez, yo representaba a la Universidad de Chapingo en el Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Rebima, ocupando la presidencia entre 2006 y 2009. Mientras hubo buenas experiencias de colaboración con los funcionarios más cercanos, como el director de Rebima de ese entonces y la subdelegada de planeación en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también aprendí algo sobre los límites de la “participación”, los prejuicios institucionales, y el centralismo y burocratismo que inhibía más flexibilidad en la aplicación de normas, programas y proyectos ambientales (ver Durand et al., 2014).
El xate me llevó a la siguiente etapa de mi trayectoria como investigador. En uno de los foros que organizamos en 2006 para el diagnóstico de la situación respecto al xate en la región, conocimos a dos señores de Benito Juárez Miramar, BJM, comunidad que se encuentra en la parte sureste de la laguna Miramar, fuera de CZL, pero dentro de Rebima. Desde 2006 conozco esta comunidad tzeltal y hemos podido aprender algo de su historia, sus formas de organización y sus sistemas de producción. Hablo de nosotros porque algunos de mis estudiantes han pasado tiempo allí y sus diferentes investigaciones forman parte de mi conocimiento del lugar.[4] En ese año, BJM apenas se había distanciado de EZLN, después de 20 años de lucha y resistencia. Empezamos a trabajar el tema del xate con ellos, estableciendo un vivero en la comunidad y llevando a algunos de los señores a las capacitaciones mencionadas arriba. Pero inmediatamente topamos con un problema para el registro de la Unidad de Manejo Ambiental, UMA.
Resultaba que BJM se encontraba en categoría de “irregular” por no haber terminado exitosamente sus trámites agrarios. A pesar de haberse publicado su solicitud de dotación en el Diario Oficial en 1970, esta fue rechazada 14 años después —en 1984—. De hecho, la negación de su derecho agrario fue uno de los motivos para adherirse a EZLN en la década de 1980. Ahora es su presencia dentro del polígono de Rebima lo que ha obstaculizado su regularización. El proyecto de xate en BJM fracasó muy pronto —por razones que no detallaré aquí— pero nuestra intervención “técnica” en la comunidad me llevó a tratar de apoyar a los pobladores en la resolución de su problema agrario.
Como fuereño, el tema agrario en México siempre me ha fascinado; el hecho de la Revolución y una reforma agraria que terminó repartiendo más de la mitad del país a pueblos indígenas y campesinos en ejidos y bienes comunales ha dejado un legado único en el mundo. Mi relación con la gente de BJM me ha obligado a aprender más sobre el tema y he tenido la oportunidad de reunirme con altos funcionarios del sector agrario federal y del gobierno del estado. Comencé a entender el burocratismo, el carácter kafkiano de los trámites, la falta de “buena fe” en la administración de las solicitudes. A la vez pude ver una historia paralela a la de los ejidos legales, una historia medio escondida de “irregularidad”, vulnerabilidad, lucha y resignación. Indagué más sobre conceptos como tenencia, acceso, posesión, propiedad y usufructo. En el caso de BJM, llegué a admirar su nivel de organización, en gran parte legado de sus años en EZLN, a pesar de las tensiones permanentes y los cambios constantes. Luego llegué a conocer otros poblados “ilegales” como Chuncerro La Laguna, Nuevo Villaflores y Nuevo San Gregorio, y hemos publicado algunos textos sobre sus historias, anhelos y problemas.[5] Volví a colaborar con Axel Köhler y en 2012 terminamos un tercer documental sobre la Selva —¿No existe Nuevo Villaflores?— que trata de otro de los poblados “irregulares” que habíamos conocido más adentro, en la zona núcleo de Rebima (Köhler y Trench, 2012).
La última etapa en mis actividades de investigación ha sido muy distinta. En el año 2014, fui contratado por el Centro de Investigación Forestal Internacional, Cifor, con sede en Indonesia, y tomé un permiso en Chapingo. El proyecto se llamó “Gobernanza multinivel y gestión del carbono a nivel de paisaje”, mismo que buscaba entender la implementación de proyectos piloto REDD+ en el contexto de diferentes dinámicas de cambio de uso de suelo a nivel de paisaje en dos estados del país. REDD+ significa “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal”, donde “+” refiere otras actividades que se incorporaron después: conservación, gestión sostenible de bosques, y mejora de reservas de carbono. REDD+ es un instrumento de mitigación de gases de efecto invernadero, emanado del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC, que pretende reducir emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal a través de pagos que estimulan “buenas prácticas” entre los propietarios de los bosques y selvas del trópico y subtrópico. Su lógica es esencialmente mercantil —compra y venta de bonos de carbono—, y en su fase piloto fue financiada con presupuesto federal y donaciones del Banco Mundial.[6]
Para mí este proyecto representaba una discusión diferente y, en gran medida, desconocida. El concepto de “gobernanza multinivel” se nutre de la literatura de las ciencias políticas, y Cifor es una organización que busca influenciar en el diseño de políticas forestales a nivel nacional e internacional. Además, el proyecto era comparativo, ya que incluía otros cuatro países: Indonesia, Vietnam, Tanzania, y Perú. Más allá de la parte teórica y metodológica, resultó ser una gran oportunidad para visitar regiones nuevas para mí y hablar con personas del gobierno, de las organizaciones —civiles y productivas, comunidades y empresas privadas—. Aparte de Chiapas, como segundo estado incluimos a Yucatán, otra entidad con “acciones tempranas” REDD+. Así pude pasar algunos meses allí, conociendo otra historia y otra realidad.
Parte de la metodología era reconstruir, principalmente a través de entrevistas, una historia de cambio de uso de suelo en cada región seleccionada: minihistorias ambientales. Con mi colega de investigación en este proyecto, Antoine Libert, aprendimos sobre las fincas henequeneras, la historia de extracción forestal en Tizimín, vimos la cosecha del pepino de mar en Dzilam de Bravo y su efecto en la tierra por la riqueza y contaminación que genera, y vimos las nuevas granjas irrigadas en Tekax, cuyos dueños eran de Jalisco y norteamericanos. También, los campos de soya y sorgo y los tráileres llenos de verduras rumbo al puerto El Progreso para el mercado invernal en Estados Unidos. En el siglo XIX, los barcos estaban llenos de fibra de henequén, ahora lo están de pepinos de mar, pimientos y berenjenas. Sin duda, la historia y el presente de Yucatán era y es muy diferente al caso Chiapas.
En este proyecto aprendí más sobre la relación entre los niveles de gobierno, los diferentes presupuestos, el papel de las ONG, el impacto de los mercados en el uso de suelo, lo relevante todavía de la propiedad social en los temas forestales y la huella de los desastres “naturales” —huracanes, incendios y plagas—, tanto en la dimensión ambiental como en la dimensión de la conciencia colectiva y la organización social; sin duda, el susto motiva. Además de estos aprendizajes en campo y en el análisis de la información —152 entrevistas—, el énfasis que Cifor pone en la parte comunicativa, en la parte de la expresión escrita y sus diferentes formatos para las publicaciones —blog, brief, artículo científico, informe etc.— me sirvió mucho para mejorar mi forma de escribir y me introdujo a nuevos debates respecto a gobiernos, bosques y políticas de cambio climático (Trench et al., 2018).
¿De qué modo tu formación académica ha moldeado tu labor en los temas de desarrollo rural?
Siempre he considerado que es la primera carrera la que deja más huella en la formación académica —generalmente cursamos la licenciatura cuando somos más jóvenes e impresionables—. Yo estudié historia en la Universidad de Londres y, sin duda, esto ha condicionado mi forma de explicar las cosas y el tipo de explicaciones que me gustan; además de tomar en cuenta mi interés en la evidencia documental y las preguntas que hago en campo. A nivel de postgrado, cursé una maestría en antropología del desarrollo en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, una escuela muy cosmopolita que en la década de los años 1990 se encontraba en medio del nuevo debate postcolonial. La experiencia del programa resultó algo desorientadora, quería trabajar en el desarrollo y la cooperación internacional pero el componente antropológico del programa criticaba al “desarrollo”[7] como algo fútil —en el mejor de los casos—, además de ser la nueva fachada de la hegemonía neo o postcolonial. Al final, era más la antropología la que me atraía; me pareció el complemento ideal de la historia. El antropólogo estudia el otro cultural, el historiador el otro histórico —en el pasado—. Para la tesina, hice mi investigación de campo en el norte de la India sobre cuestiones de trabajo infantil y educación básica en la industria de las alfombras tejidas a mano, y la antropología me cautivó. Al terminar la maestría, tenía ganas de seguir estudiando.
En 1998, fui aceptado en el programa doctoral en antropología social en la Universidad de Manchester, bajo la dirección del profesor John Gledhill, antropólogo político especialista en Michoacán, que tenía en esa época varios tesistas haciendo sus investigaciones doctorales en Chiapas. Su trabajo de antropología política, en contextos agrarios, cambió la dirección de mi investigación; entonces, comencé a centrar lo político en mi análisis.
En las últimas décadas, las aportaciones de la antropología al estudio de procesos de desarrollo rural han sido notables, aportando muchos elementos para la comprensión de las estrategias de vida, las tecnologías y conocimientos locales y la (in)acción colectiva, entre tantas otras cosas. En parte, esto ha sido porque los etnógrafos en campo han sido testigos privilegiados para observar los efectos del “desarrollo” en las poblaciones rurales, muchas veces indígenas —en México, esto tiene una larga tradición— y gran parte de la literatura crítica sobre el desarrollo tiene su origen en la antropología.
En contraste, no parece haber tanto interés o trabajo realizado acerca de la “historia” del desarrollo rural, o tal vez los estudiosos del desarrollo rural no están leyendo con suficiente atención a los historiadores. El reciente auge en la historia ambiental a nivel de Latinoamérica nos da nuevas pistas para entender el impacto ambiental de actividades productivas y extractivas del pasado. La preocupación en torno a la contaminación, la deforestación y la erosión de suelos no es algo nuevo, y tampoco son las medidas para revertir la degradación ambiental. Podemos aprender mucho del estudio de cómo se enmarcaban y resolvían —o no— estos problemas en el pasado.
¿Cómo se vincula esto con tu incursión en la investigación-acción participativa, el activismo y el documental?
Formalmente hablando, no creo haber hecho investigación-acción participativa, aunque es casi imposible no involucrarte en las vidas de gente con quien trabajas; uno trata de corresponder su hospitalidad y paciencia de alguna forma y desde luego existen muchas necesidades. Como profesor de Chapingo, he tenido la oportunidad de participar en diversos espacios consultivos y gestionar algunos proyectos de “desarrollo”. Durante varios años hubo una colaboración con el sector ambiental y traté de usar esa oportunidad para circular información precisa y útil —según yo—, expresar mis opiniones y fortalecer la participación social. Desde que tuve conocimiento del problema de los poblados “irregulares” dentro de Rebima he abogado en favor de ellos con trámites, reuniones e información, y en el caso de BJM he fungido como su representante e interlocutor en diversos encuentros y reuniones. Hasta la fecha, no creo haber logrado nada realmente —excepto quizá mantener a flote la esperanza en algunos casos—, aunque sí he aprendido mucho.
Tampoco me considero activista, creo que la producción académica puede servir para el activismo —pero no debe estar al servicio del activismo—. En el Chiapas rural, con sus rezagos, su pobreza y sus múltiples injusticias, es difícil no abogar de alguna forma hacia la emancipación, y creo que la investigación puede incidir de diversas maneras a favor de los pueblos. Sin embargo, en otros momentos me he encontrado en confrontación con activistas. Una vez en una reunión en la Lacandona, organizada por una ONG con sede en San Cristóbal de Las Casas, me echaron del evento por ser “del gobierno”, ya que en ese momento ocupaba la presidencia del Consejo Asesor de Rebima. En otras ocasiones he criticado a ONG activistas por las imprecisiones que generan con su información, algo que no me ha dado nuevos amigos. Sin embargo, quisiera pensar que los video documentales en los cuales he participado han tenido cierta incidencia, por visibilizar vidas, problemas e injusticias. Muchas personas tienen 30 minutos para ver un video, pero tal vez no dispongan de dos o tres horas para leer un artículo científico —que a veces no son muy “comprensibles” para un público más general.
Viviendo en Chiapas, siempre he tenido la impresión de que existen muchas historias importantes que simplemente nunca llegan al dominio público, al no ser registradas o contadas por periodistas, escritores, documentalistas o investigadores. En regiones como Chiapas, con archivos históricos limitados o desordenados, la historia oral me parece una fuente especialmente rica e importante. Cada investigación en campo es una oportunidad de registrar historias individuales y colectivas, de forma escrita o en formato audiovisual, permitiendo la posibilidad de devolver algo a las personas que nos dedican su tiempo y soportan nuestras preguntas.
¿Cómo han influido estas vertientes en tu trabajo en el análisis de los conflictos socioambientales en la Selva Lacandona?
Bueno, mi análisis del problema de los poblados “irregulares” no ha sido muy sistemático o teórico hasta la fecha, sino ha dependido más del poder de las historias locales y personales; he tratado de reconstruir la cronología —la historia en sí— a través de sus palabras. Aprendí que el primer deber de la antropología es expresar el punto de vista del morador, el “nativo”, tarea que no resultó tan fácil, desde luego, pero conocer la historia del otro también es comenzar a entenderlo. Creo que el primer paso en la solución de cualquier conflicto siempre es desarrollar cierta empatía con el otro. Considero que es importante poner estas historias en el dominio público —mediante textos, documentales, fotografías— para que formen parte de la historia regional, ahora y en el futuro.
Por ejemplo, acabo de escribir un artículo con una estudiante doctoral, Teresita Camacho, quien está trabajando el tema de los “nacionaleros” en la Sierra Madre de Chiapas, específicamente en la cuenca de Cuxtepeques (Camacho-Bernal y Trench, en dictamen). Ellos también son “irregulares”, y muchas de sus rancherías se encuentran dentro de las áreas protegidas de la Sierra Madre de Chiapas, como por ejemplo la Reserva de la Biosfera El Triunfo. En este escrito usamos el enfoque de “justicia ambiental” para analizar tanto el caso de los nacionaleros de la Sierra Madre, como el de los poblados indígenas sin resolución agraria en la Selva Lacandona. Esto nos permite demostrar cómo los beneficios y los costos ambientales están distribuidos de forma poco equitativa; es decir, supuestamente las áreas protegidas se decretan para el beneficio “de todos”, pero no se considera que esto implica una carga —excesiva— para algunas poblaciones indígenas campesinas al afectar su capacidad de reproducir su vida en el territorio, de sembrar sus cultivos y aprovechar otros recursos.
¿Cuál es la relación entre la construcción de los sujetos agrarios y/o ambientales y los conflictos socioambientales de la región?
Bueno, en México el sujeto agrario fue la identidad oficial y de alguna forma “hegemónica” en las zonas rurales durante el apogeo del reparto agrario. Fue la identidad conferida por el Estado al campesino productor, al beneficiario de la política revolucionaria, a los “hijos predilectos del régimen” (Warman, 1972). En cambio, el sujeto ambiental es producto de otra época en donde los habitantes rurales, sobre todo los que habitan bosques, selvas y áreas protegidas, se han apropiado de los nuevos discursos en torno a la conservación para legitimarse en el contexto de nuevas contiendas, donde el “saber ecológico” u otros posibles rasgos culturales han sido revalorados por su potencial de aportar a la conservación; o, en otros casos, estas facetas han sido obviadas por las autoridades ambientales. A la par, desde la década de 1990 se ha hablado del fenómeno “esencialismo estratégico”[8] al referirse a las maneras en que ciertas poblaciones, con frecuencia indígenas, ponen en frente los aspectos ecológicos de sus culturas para ganar capital político. Está claro, estas dos “subjetividades” —agraria y ambiental— conviven dentro de los sujetos en regiones como la Lacandona, y son relacionales, contextuales, y a veces incongruentes (Trench, 2008b).
Arun Agrawal (2005) introdujo el término “environmentality”, que se traduce como “ambientalidad”, para referirse a un proceso en donde las políticas ambientales, o en el contexto de su estudio de caso, las políticas forestales en la India, han producido nuevos sujetos ambientales a través de diferentes “técnicas de gobierno” o formas de gubernamentalización.[9] Este estudio, que combina trabajo de campo con investigación de archivo, nos permite ver con mayor profundidad histórica la complejidad de estos procesos. Un trabajo de este tipo sobre la Lacandona sería muy interesante.
Pero atrás de estas representaciones, su poder discursivo y su papel en los conflictos socioambientales, está el antiguo dilema que enfrentamos en campo; el tema de lo que “dice” la gente comparado con lo que “hace”; no siempre somos congruentes. Incluso los lacandones, muy celebrados por sus credenciales ecológicas en el contexto de los esfuerzos de conservar la Selva Lacandona, pueden hablar con habilidad de la importancia de la biodiversidad, la relación especial que los lacandones tienen con la selva y la amenaza que representan las otras etnias..., y el día siguiente cazan un águila, un tejón o un saraguato —en el mejor de los casos, comen el último—. Menciono este ejemplo porque lo vi y lo viví.
Existe un desfase entre los planes de desarrollo y megaproyectos turísticos y el contexto de diversidad cultural de la región Selva. ¿Consideras que este desfase es una mera omisión o apunta a cuestiones más estructurales?
No sé si “desfase” es la palabra, más bien han sido intentos de imposición desde la visión del centro del país, desde Sagarpa o Sectur.[10] La diversidad cultural en sí no es un problema, pero en el caso de la Lacandona ha sido difícil construir un “plan de desarrollo” con una adecuada participación de los pobladores y, por lo tanto, ningún plan ha contado con suficiente legitimidad. En parte, el problema ha sido que no existe igualdad en la distribución de la tierra —y otros recursos— entre las diferentes poblaciones y etnias. Desde que los lacandones fueron beneficiados con 614,000 hectáreas al crearse CZL en 1972, ha existido un desequilibrio en la región. El origen de EZLN yace en este conocido decreto, y en las limitaciones que representaba el subsecuente decreto de Rebima.[11]
“Planes de desarrollo” ha habido muchos, desde el periodo de extracción forestal en las décadas de 1960 y 1970 con la Compañía Forestal de la Lacandona, S.A., Cofolasa, la ganadería y petróleo en los años de 1980, hasta el Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible, Prodesis, financiado en parte por la Unión Europea entre 2004 y 2008.[12] Cada proyecto tuvo su visión para la zona, desde una “canasta de recursos” —en palabras de Gudynas (2010)— a una especie de “Mayalandia”, basado en “recursos naturales, indios muertos e indios vivos”, como observó Araceli Burguete hace ya 40 años en su tesis de licenciatura en la región (Burguete, 1980).
Pero a pesar de estas diversas visiones para la Selva, y los conflictos históricos y actuales, vale recordar que más de 90% de la población es indígena —maya, en su gran mayoría—, con un control, relativo, sobre el territorio, fundamentado en las dotaciones de ejidos y, en un caso muy importante, una gran restitución de tierras. Hasta ahora, estos ejidos han logrado rechazar los megaproyectos turísticos, un ejemplo sería Emiliano Zapata, al lado poniente de la Laguna Miramar,[13] y se ha protestado en contra de los planes de establecer represas en el río Usumacinta.[14] Cuando se ha considerado conveniente, se ha secuestrado a funcionarios y bloqueado carreteras. El único “mega proyecto” de corte “extractivista” que ha tenido éxito hasta la fecha son las plantaciones de palma africana en Marqués de Comillas.[15] Como destino “ecoturístico”, en balance, los resultados han sido limitados para la Selva y pocos proyectos han resultado viables económicamente a largo plazo; parece que simplemente no han logrado generar suficiente demanda turística. Sin embargo, las amenazas estructurales son innegables. Como la región abarca 20% de la biodiversidad nacional y un importante porcentaje de las reservas de agua dulce en el país, la Selva Lacandona está y estará en la mira de importantes intereses nacionales y transnacionales. Pero la presencia de EZLN, así como decenas de ejidos indígenas y el narcotráfico, han fungido como un limitante para la entrada de inversión foránea hasta la fecha.
Dentro de la historia de colonización y a lo largo de la operación de las áreas naturales protegidas de la región existen rezagos que plantean la discusión agraria como algo inaplazable. ¿Cuáles consideras los puntos clave para construir dicha discusión?
Hay que reconocer que muchos de los problemas agrarios en la Selva Lacandona fueron resueltos de alguna forma durante la segunda mitad del sexenio de presidente Fox, entre 2003 y 2006. La representación especial de la Secretaría de la Reforma Agraria, SRA, en Tuxtla implementó esencialmente dos estrategias para solucionar el rezago: la regularización de poblados irregulares existentes dentro de CZL con pagos de indemnización para los comuneros, y la reubicación “voluntaria” de otros poblados, ofreciendo un pago —para comprar tierras fuera de la región— o el traslado a nuevos asentamientos creados por el gobierno para recibir a estas poblaciones.[16] En su momento, poca gente se dio cuenta de que SRA contaba con un presupuesto mayor que Prodesis. Pero no les dio tiempo para resolver todos los casos pendientes en la región, al dar prioridad a CZL —alrededor de 80% del presupuesto fue directamente a los comuneros—. Actualmente el sector agrario es mucho más débil que hace una década por los cambios institucionales realizados entre 2012 y 2018.
Parte de mi trabajo reciente ha tratado de poner atención en la “agenda pendiente” de los poblados aún irregulares, pero no ha existido mucha voluntad política —o suficiente conocimiento jurídico— para resolver estos casos. En ámbitos gubernamentales, la Selva permanece como tema “caliente” en donde optan por no hacer nada por si les estalla otro conflicto. En Rebima, actualmente son una docena de poblados que se encuentran como “irregulares”, pero las “invasiones” siguen —en menor medida que hace 15 años, no obstante la parte sur de Rebima ha visto varias ocupaciones de terrenos en años recientes.
El otro problema agrario ha sido y es el trazo de uno de los vértices de CZL, que corre a un lado de la Cañada Agua Azul. El gobierno se ha visto poco capaz de resolver este asunto y no ha atendido adecuadamente los conflictos relacionados en torno a los deslindes entre CZL y los ejidos vecinos. En los últimos años ha llamado la atención que CZL ha estado dispuesta a negociar directamente, y de forma bilateral, con el otro interesado —poblados “invasores”—, seguramente reflejo de su desesperación y pocas expectativas respecto a la capacidad del gobierno de intervenir y resolver el problema.
La claridad en torno a la tenencia de la tierra es una condición imprescindible para el funcionamiento de las Áreas Naturales Protegidas, ANP. Si no se sabe con seguridad qué le corresponde a quién, fácilmente podemos provocar diversas “tragedias de los comunes” en donde la gente afecta negativamente al entorno para establecer su “derecho”. En cambio, con más seguridad en torno a la tenencia, la población puede planear, ordenar e invertir tiempo en sus tierras con más tranquilidad.
En una etapa más reciente de tu trabajo, evaluando el programa REDD+, ¿cuáles son las oportunidades y las limitantes que observas en este tipo de programas ante la crisis ambiental y de gobernabilidad de la región?
El programa ha sido muy polémico tanto en el estado como a nivel internacional. En Chiapas, en 2011, el gobernador Juan Sabines secuestró la idea de REDD+ para sus fines publicitarios y creó un programa “REDD+” exclusivamente para el beneficio de los comuneros de CZL, sin establecer metas claras o instituir sistemas de monitoreo y verificación.[17] Obviamente, esto afectó de forma negativa la imagen del instrumento en la entidad. Pero el programa también ha ido cambiando con los años y con la participación de diversos actores en la definición de estrategias nacionales y estatales, como el establecimiento de sistemas de “salvaguardas”, etc.; a veces es difícil evaluarlo porque es un blanco en movimiento. Además, hay que recordar que todavía está en la fase de pilotaje, sólo se han implementado “acciones tempranas” hasta la fecha. En México, el plan es que REDD+ se concrete como política gubernamental a nivel nacional a partir de 2020, aunque esto se ve cada vez más improbable. El gobierno de Enrique Peña Nieto no dio mucha importancia al programa, y Conafor —institución encargada de implementar el programa— ha sufrido un recorte presupuestal de alrededor 40% en los últimos años, debilitando mucho su capacidad de dirigir el proceso REDD+ en el país.[18]
En la discusión académica sobre el instrumento REDD+, existen dos extremos: por un lado, es visto como un ejemplo más de la mercantilización de los bosques y la neoliberalización de la naturaleza, en general, al permitir que un mercado fije el precio a los servicios ambientales, en este caso la deforestación “evitada” —un servicio hipotético— y la captura de carbono. Por otro lado, están los pragmáticos: el programa es mejor que nada y representa una oportunidad poco común para invertir dinero en áreas con bosques y selvas, donde habitan poblaciones marginadas, quienes necesitan incentivos para conservar y manejar sus bosques a beneficio de ellos y para el bien del planeta.
Es un debate complejo, y actualmente existe una gran cantidad de literatura dedicada a este tema, literatura sobre cuestiones de derechos —muchas veces indígenas—, tenencia de la tierra y los bosques, mujeres, monitoreo, arreglos institucionales, la distribución de beneficios, la relación entre bosques y agricultura, etc. Los limitantes que analizamos en nuestra investigación no derivaban tanto de la parte ideológica de REDD+ —si representa la mercantilización de la naturaleza o no—, sino tenían que ver con los detalles en la implementación del instrumento en las regiones que estudiamos, las relaciones —o su ausencia— entre sectores gubernamentales y la cuestión de la gobernanza en tiempos de ingobernabilidad, corrupción, y un centralismo histórico que no quiere soltar el poder en torno a los recursos naturales, limitando así la participación de los estados, municipios y, en menor grado quizá, los ejidos (Trench et al., 2018).
También enfatizamos que el caso México es atípico en el contexto REDD+. Dos terceras partes de los bosques y selvas de México se encuentran en propiedad social y, por ley, estas áreas forestales son de uso común propiedad de los ejidatarios o comuneros. Esta relativa claridad en torno a la propiedad de los bosques en México podría asegurar que REDD+ traiga más beneficios para las comunidades forestales mexicanas. Sin embargo, el gobierno se ha mostrado renuente a fortalecer el sector agrario en el contexto de la implementación del programa, a pesar de tener casi todas las piezas en su lugar —sobre todo cuando comparamos el caso de México con otros países —. Pero todavía falta mucho por definir. Los recursos disponibles para el programa no han sido los esperados, no a nivel nacional ni internacional, y el entusiasmo inicial en torno al mecanismo está disminuyendo. Para algunos actores en México —en particular, las ONG ambientalistas—, REDD+ ha representado la posibilidad de otro tipo de desarrollo rural en el país, un desarrollo bajo en emisiones, más acorde con la conservación de los ecosistemas y gestionado con un enfoque territorial. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas y la política sectorializada siguen frustrando estos anhelos.
¿Consideras que los proyectos ecoturísticos comunitarios podrían tener un impacto similar en términos de incentivar la autoridad local sobre el territorio?
En mi experiencia, existen dos tipos de proyecto “ecoturístico” —además, siempre hay que cuestionar esta etiqueta—: en primer lugar, existen los que surgen de la experiencia local de lidiar con un interés de parte de turistas para visitar una localidad y, en segundo lugar, proyectos impuestos desde arriba, muchas veces desde Sectur, CDI o una ONG, porque agentes externos han considerado que el lugar tiene potencial turístico. La Selva Lacandona está llena de proyectos turísticos que han fracasado. En algunos casos extremos, se puede observar infraestructura turística en condiciones de abandono sin que hubiera llegado un solo visitante. Esto es porque, desde luego, el turismo es mucho más que la presencia de infraestructura en un lugar supuestamente atractivo para visitantes. Tiene que haber difusión para crear demanda de parte de los turistas, un mercado y, a nivel local, adecuada organización social, ciertas capacidades especializadas y un interés auténtico de parte de la comunidad receptora.
Cuando llegué a Chiapas con la intención de estudiar el turismo, me encontré con una situación inesperada en la Selva Lacandona. Me di cuenta de que el (eco)turismo —como política de desarrollo y de conservación— puede tener un impacto sin que haya llegado un solo turista a las comunidades, debido a los cambios —y a veces conflictos— que pueden surgir a raíz de las inversiones económicas —en infraestructura, por ejemplo—, los intentos de “organizar” a la comunidad desde afuera —con figuras organizativas que no necesariamente encajan con las formas locales de hacer las cosas— y la reorganización del espacio en función de los “atractivos” turísticos. Más allá de su importancia económica, hay que recordar que el turismo representa casi 9% de PIB en México, casi dos veces más que la aportación del sector rural a PIB según Inegi (2017); el turismo es una potente “mirada” —en el sentido foucaultiano— que desvalora u obvia ciertos aspectos del paisaje o la vida cotidiana, y revalora o resignifica otros.
En el mejor de los casos, puede haber un proceso de revaloración de lo local y una reapropiación del territorio. Pero también el turismo puede generar un proceso de enajenación o, en el peor de los casos, de despojo. Existen algunos casos exitosos en la Lacandona —pienso en Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal, el ejido Reforma Agraria, por ejemplo—, en donde los ingresos del turismo han fortalecido las economías locales, pero casi siempre existe una fuerte inversión pública atrás —que no se contabiliza— y diversas tensiones respecto a quienes están incluidos/excluidos en el proyecto.[19] El turismo puede ser un complemento a la economía campesina, pero también puede ser fuente de división, desigualdad e injusticias.
¿Cuáles son las tendencias que vislumbras para la región en términos de los conflictos socioambientales y la búsqueda de alternativas de desarrollo local?
Ésta es una pregunta muy difícil de contestar. Históricamente, el desarrollo de regiones como la Lacandona ha sido condicionado por su inserción marginal dentro de una economía política capitalista que busca extraer valor de los recursos naturales sin preocuparse mucho por el bienestar de la población —o los impactos de la extracción—. En el siglo XIX, la Lacandona pasó de ser un “desierto” —una región despoblada de humanos— a ser una región de valiosos recursos maderables —principalmente el “oro verde” de caoba y cedro—. Luego, con la colonización campesina de la región en la segunda mitad del siglo XX, la Lacandona se volvió —en palabras de Jan de Vos (2002)— “una tierra para sembrar sueños”. Estos sueños eran diversos, tenían dimensiones religiosas, políticas y económicas, pero en pocos casos se han materializado como muchos de los colonos esperaban. Fue la frustración con el lento paso del desarrollo convencional —caminos, electrificación, escuelas, clínicas— que dio impulso a EZLN, pero este movimiento tan sonado tampoco pudo cumplir con las expectativas de muchos de sus agremiados. EZLN intentó imponer la colectivización del trabajo agrícola, recaudar sus propios “impuestos” y luego eligió el camino de la resistencia al “mal gobierno”. Para algunos, como los pobladores de Benito Juárez Miramar, esto implicó mayor pobreza y su participación en una autonomía que no necesariamente buscaban en un principio (Villalobos y Trench, 2014).
Son muchos los que han intentado resolver los problemas de la Selva y los archivos históricos están llenos de planes, programas y proyectos que han fracasado en sus metas. Desde las plantaciones de hule, cardamomo y especies maderables de los años 80, a los intentos de reingeniería social y política —como el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva, PIDSS, y el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona, Prodesis— a principios de siglo, muchos de estos proyectos han quedado mal, dejando poca huella en los medios de vida de los pobladores.[20]
Como hemos mencionado en otros espacios, la Selva Lacandona ha representado una especie de “agujero negro” para el desarrollo; no sería una exageración hablar de —y también estudiar— la “arqueología del desarrollo” en el caso de la Lacandona. Muchos proyectos han quedado literalmente en ruinas: instalaciones turísticas consumidas por la vegetación selvática, plantaciones forestales desatendidas e infraestructura abandonada —pienso en viveros para palma xate, centros para visitantes, empacadoras de fruta, aserraderos...
Tal vez el conflicto socioambiental más representativo de la región sigue siendo los poblados “irregulares”, poblaciones indígenas enclavadas dentro de Rebima intentando reproducirse a través de sus milpas y pequeños hatos de ganado. En el caso de muchos de ellos, se observa nítidamente las expresiones de diferentes visiones para la región. Los pobladores choles, tzeltales y tzotziles de Nuevo Villaflores, Salvador Allende y Nuevo San Gregorio insisten que pueden vivir dentro de las zonas de protección de la Reserva, sin perjudicar la conservación de la biodiversidad (Trench, 2017). Argumentan que sus milpas dentro de la “mera selva” aportan a la biodiversidad y que también dan de comer a los animales del monte. Pero las autoridades ambientales —con la excepción de algunos individuos— no han estado de acuerdo, y consideran que es mejor conservar la Selva sin la presencia de estos campesinos. Es un conflicto que se repite por todo el mundo, sobre todo en el trópico.
En cuanto a las alternativas para el desarrollo de la región, primero sería cuestión de resolver los conflictos pendientes, principalmente con EZLN, pero también los problemas agrarios relacionados con Rebima.
Después sería conveniente (re)construir instituciones y canales de comunicación capaces de reflejar las necesidades de la población que habita el ecosistema que conocemos como “Selva Lacandona”, partiendo de un enfoque biocultural. Esto implica, en primer lugar, no entender la presencia de la biodiversidad como algo separado de la gente y sus prácticas, y ver la tarea de la conservación dentro de un contexto cultural específico. Una tercera recomendación sería respecto a los arreglos de gobernanza. Un problema histórico para el desarrollo de esta región —y de muchas otras en el país— es que no ha existido una autoridad territorial con facultad para armonizar las intervenciones sectoriales y con instancias eficaces de representación. La Selva abarca ocho municipios de tamaño muy variado. En todo caso, los gobiernos municipales no tienen la capacidad de gestionar el territorio en su totalidad y, por lo general, no cooperan entre ellos. Uno podría considerar la creación de una nueva jurisdicción capaz de canalizar recursos públicos de una forma más armónica.
En cuanto a políticas específicas, urge retomar el tema forestal tanto en su vertiente maderable como no maderable. La política forestal dirigida a la Selva Lacandona ha sido poco consistente y algo autoritaria.
Después de la época de las concesiones a empresas externas, el gobierno del estado declaró una veda forestal, entre 1989 y 1994.
Esfuerzos dirigidos a fomentar la actividad forestal comunitaria han sido muy escasos, con la excepción de la breve experiencia del plan piloto forestal en Marqués de Comillas después del levantamiento de EZLN en 1994.[21] El Programa Especial de la Selva Lacandona, PESL, de Conafor, que corrió entre 2010 y 2015, representó un esfuerzo más por atender la actividad forestal desde una perspectiva regional, pero en la práctica su enfoque resultó ser muy conservacionista, con mínimos apoyos para la actividad forestal; tres cuartas partes del dinero invertido fue para pagos de servicios ambientales (Deschamps, Zavariz y Zúñiga, 2015).
Entonces, el futuro de esta fascinante región sigue siendo incierto. La población ve pocas opciones más allá de tomar el riesgoso viaje hacia el norte para trabajar en las fábricas de Tijuana o las granjas de Georgia en Estados Unidos. Tengo la impresión de que el gobierno tiene miedo de “mover las piezas” por el tema EZLN, por un lado; y la falta de ideas novedosas y presupuestos adecuados, por el otro. Este gobierno, que ya ha concluido, ha debilitado gravemente al sector ambiental federal: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp, y Conafor operan con presupuestos tan limitados que su impacto se va debilitando; y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio, con su programa de corredores biológicos, ya se retiró del estado y del sureste mexicano A ver si la nueva administración es capaz de construir nuevas propuestas para la Selva Lacandona, partiendo de un enfoque biocultural que valore la presencia humana y respete sus conocimientos y sus propios anhelos para la región.
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Notas
* Doctora en Ciencias Sociales y Antropología por CIESAS y la Universidad de Paris Ouest Nanterre la Défense. Es investigadora visitante en El Colegio de Michoacán. Sus investigaciones se ubican en los campos de la antropología del desarrollo y el ambiente y la ecología política. Actualmente trabaja sobre las condiciones de creación y gestión de ANP federales en el estado de Chiapas, correo electrónico: lacano4@gmail.com
** Doctora en Manejo de Biodiversidad y maestra en Biología de la Conservación por la Universidad de Kent, en Reino Unido. Su interés en investigación se encuentra en las iniciativas colectivas de manejo de recursos naturales. Actualmente investiga el vínculo de las prácticas alimentarias y la conservación del patrimonio biocultural en México y Chile, correo electrónico: constanza.monterrubio@gmail.com
1 Se trató de una de las más importantes manifestaciones de los miembros de EZLN y sus simpatizantes, en la cual se caminó durante 37 días a lo largo de 6 mil kilómetros. La marcha también marca el distanciamiento de este movimiento de las vías de negociación con el estado mexicano (Chihu, 2002).
2 Entre los años 2000 y 2002, en Chiapas se dieron numerosas controversias respecto a proyectos de bioprospección en los que participaban actores internacionales y nacionales. Sobresale el caso de International Cooperative Biodiversity Group, ICBG, consorcio que apoyó el proyecto “Investigación, farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y biodiversidad en la región Maya de los Altos de Chiapas”, el cual fue suspendido tras manifestaciones de resistencia social en 2001 (Ceceña y Giménez, 2003); se incluyen también las iniciativas del grupo Pulsar en asociación con Conservation International Chiapas (Tarrío, Concheiro y Comboni, 2004).
3 Para mayor detalle acerca de este trabajo ver Buda et al. (2014, 2017).
4 De este periodo de investigación datan parte de los aspectos consignados en la entrevista realizada por Villalobos y Trench (2014).
5 Entre estas publicaciones sobresalen Trench (2014, 2017).
6 Para una idea de las acciones REDD+ en México ver Conafor (2017).
7 Para comprender parte de la relevancia de esta literatura en el trabajo investigativo de Tim, ver Trench (2008a).
8 Para una comprensión del origen de la noción ver Spivak (1987).
9 Para una comprensión del concepto ver Foucault (2011 [1978]).
10 Los acrónimos corresponden a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, y a la Secretaría de Turismo, respectivamente.
11 Los primeros análisis de esta situación pueden ser consultados en los trabajos de Jan De Vos(2002, 2004).
12 Un panorama de los distintos proyectos implementados en la región se encuentra en Muench (2008).
13 Para una lectura de estos acontecimientos ver Megchún (2016).
14 Entre los primeros documentos relativos a estos planes hidroeléctricos destaca el trabajo de Amezcua et al. (2007).
15 Las características de este proceso, en esta subregión de la Lacandona, pueden conocerse en los trabajos de Cano (2014).y Castellanos-Navarrete y Jansen (2015).
16 Una lectura de este proceso puede ser consultada en Muench (2008).
17 Dicha situación fue reportada en un documento publicado por Greenpeace (2012).
18 Entre los actores no gubernamentales que se han manifestado al respecto está el Consejo civil mexicano para la silvicultura sostenible, el cual publicó algunas notas informativas. Para mayor información ver CCMSS (2015).
19 El caso del ejido Reforma Agraria en Marqués de Comillas es analizado en Cano (2018).
20 Un análisis de este tipo de efectos puede encontrarse en Villalobos (2016).
21 Una lectura sobre esta experiencia se encuentra en Cano (2018).