Belleza escénica y conflicto territorial: la manufactura de la naturaleza en las Cascadas de Agua Azul, Chiapas

Scenic Beauty and Territorial Conflicts: Manufacturing Nature in the Agua Azul Waterfalls, Chiapas

Antoine Libert Amico[*]

Resumen: La cantidad de ecosistemas declarados áreas naturales protegidas, ANP, aumentó exponencialmente en México en años recientes. Sin embargo, persisten desafíos para empatar las agendas de conservación y desarrollo, mientras algunas ANP se han vuelto el escenario de violentas disputas por el territorio. Las Cascadas de Agua Azul constituyen un emblema de Chiapas para el mundo por su belleza escénica, representada en publicidades para el turismo nacional e internacional. Pero no sólo son famosas por sus impresionantes cascadas y sus aguas turquesas: las cascadas han sido el centro de choques continuos entre grupos locales antagónicos y con fuerzas del Estado. Este escrito se inspira en la ecología política para analizar la manufactura de la naturaleza en la Cascadas de Agua Azul, donde belleza escénica y conservación ecológica se combinan con una promoción turística que invisibiliza la historia de conflictos territoriales que persisten en la actualidad.

Palabras clave: ecología política, conservación, turismo, conflictos territoriales, Chiapas.

Abstract: In Mexico, the amount of ecosystems declared as natural protected areas, NPA, has increased exponentially in recent years. However, challenges persist in matching conservation and development agendas, whilst some NPA are immersed in violent territorial disputes. The Agua Azul Waterfalls have emerged as a symbol of Chiapas towards the world due to their scenic beauty, as represented in tourism commercials nationally and internationally. But the impressive waterfalls and their turquoise water are not the only things that have made Agua Azul famous: the region has recently been the scene of violent clashes among local groups and with State forces. Inspired in political ecology, this paper analyzes the manufacture of nature in Agua Azul, where scenic beauty and ecological conservation combine with touristic promotions that invisibilize the history of territorial conflicts in the region to this day.

Keywords: political ecology, conservation, tourism, territorial conflicts, Chiapas.

Introducción

En noviembre de 2017 circuló la noticia de una sospechosa “desaparición” del flujo de agua en las Cascadas de Agua Azul. Repentinamente, el río Agua Azul “se secó” y la afluencia del caudal bajó 75%; algo extraño para el fin de la temporada de lluvias.

La comunidad Arroyo Agua Azul, que vive del manejo de la zona ecoturística por medio de su cooperativa de ecoturismo y de los programas de apoyo gubernamentales, alertó a las autoridades de este suceso, ante el temor de perder la atracción turística de las cascadas y su fuente de empleo. A su vez, las autoridades de conservación fueron veloces en repetir un viejo patrón, el de apresuradamente culpar a los pequeños productores por los grandes problemas ambientales, señalando la ampliación de la frontera agropecuaria como causa de la desaparición repentina del cauce (ver Sanderson, 2005). Sin embargo, el mapa de vegetación y uso de suelo en 1975 demuestra la perturbación del entorno natural por parte de actividades agropecuarias desde ese entonces (Inegi, 1975). Por su parte, algunas voces de la conspiración difundieron por redes sociales la versión de que propietarios finqueros de la zona desviaron el cauce del río hacia sus tierras para un nuevo proyecto ecoturístico.

Al final, una combinación de factores intervino en crear esta crisis socioecológica repentina, tal como siempre pasa con los problemas ambientales. La erosión permitió la acumulación de sedimentos en puntos “clave” del cauce, mientras que los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 — 8.1 y 7.1 en la escala de Richter, respectivamente— fueron identificados en estudios preliminares como el factor detonante. Si bien explicar lo sucecido a finales de 2017 no es el objetivo de este escrito, este evento permite ilustrar los actores y discursos que participan en las disputas por el territorio en las Cascadas de Agua Azul, en las cuales se enfrentan comunidades indígenas, propietarios latifundistas, autoridades ambientales, y promotores del ecoturismo.

Las Cascadas de Agua Azul se han convertido en símbolo de Chiapas para el mundo por su belleza escénica, representada en publicidades turísticas a nivel nacional e internacional. La fama que le otorgan a Chiapas sus impresionantes cascadas y sus aguas turquesas ha sido manchada por choques violentos entre grupos locales antagónicos y con fuerzas del Estado: bloqueos carreteros, abusos sexuales, asesinatos y presos políticos. Si bien su belleza natural sigue atrayendo aproximadamente 300,000 visitantes al año —con una derrama importante en la caseta de cobro y en las agencias de turismo que organizan breves estancias— las condiciones de marginación persisten en la región (entrevista con personal de Conanp en Palenque, Chiapas, febrero de 2011).

La zona es parte de un área natural protegida gestionada por autoridades ambientales del gobierno federal, sin embargo enfrenta procesos de degradación ambiental y pronunciada tensión entre las autoridades y las comunidades indígenas ch’ol y tzeltal.

Al reconstruir la historia de las Cascadas de Agua Azul se observa cómo el proyecto de turismo en la zona fue acompañado por el decreto del área como reserva natural. De hecho, los primeros proyectos de conservación y turismo fueron impulsados por los propietarios de las fincas cafetaleras y cacaoteras, al mismo tiempo que sus fincas eran ocupadas por los mismos peones en una ola de “tomas de tierra” que se difundió en la región en los años 1970 y 1980.

Las reivindicaciones indígenas de lo que consideran sus tierras ancestrales amenazaban la propiedad privada de mestizos y no indígenas, empujando los dueños de las fincas de la región a movilizar discursos de conservación de la naturaleza y ecoturismo para obtener el respaldo gubernamental. Analizar dicha historia de luchas por la tierra, junto con las estrategias discursivas y prácticas políticas para construir un imaginario paisajístico sin intervención humana, permite entender el conflicto territorial que se vive en los alrededores de las Cascadas de Agua Azul en los últimos años.

Hoy, los conflictos por la tierra y las acusaciones de tomas ilegales entre comunidades locales persisten en una violencia regional solapada por actores y discursos externos. La región ha sido escenario de enfrentamientos entre comunidades, asesinatos y operativos policiacos que han derivado en la detención masiva de hombres y mujeres indígenas (ver Bran-Guzmán, 2016).

La disputa entre grupos aliados a las instituciones gubernamentales y grupos antagónicos a los proyectos de ecoturismo se ha expresado en dos casetas de cobro para acceder al sitio turístico, a la vez que la visitación turística se reduce por bloqueos y un contexto de ingobernabilidad que han aprovechado algunos para realizar asaltos a transportes turísticos. Por su parte, las iniciativas de conservación en favor del turismo se han usado en la zona para buscar otorgar legitimidad a una tenencia de la tierra irregular o ilegítima encima de otra.

Inspirado en el trabajo de “manufactura de la naturaleza” por parte del historiador ambiental Mitchell (2002), y construyendo sobre las herramientas de análisis de la ecología política (Robbins, 2012), este escrito busca vislumbrar el vínculo entre la construcción de la belleza escénica de las cascadas y la conflictividad social que marca la región. El artículo recurre a debates de la ecología política sobre la construcción social de la naturaleza para situar históricamente la participación comunitaria en iniciativas de conservación y así contextualizar los conflictos sociales que giran alrededor de la apropiación del territorio y los proyectos de turismo de naturaleza en el área de estudio.

La manufactura de la naturaleza, una mirada desde la ecología política

La ecología política es un campo de investigación crítico que busca analizar las relaciones de poder entre grupos sociales, y también su construcción y formas de uso de la naturaleza: la ecología política revela ganadores y perdedores, costos escondidos y el poder diferencial que produce resultados sociales y ambientales (Robbins, 2012). Lo anterior propone herramientas para el análisis de las interacciones entre procesos naturales y procesos sociopolíticos, en su tradición histórica de combinar la ecología cultural con la economía política y el estudio postestructuralista del poder de los discursos y saberes en configurar los campos de acción (Peet et al., 2011).

En su revisión de las ideas constructivistas en la ecología política, Robbins (2012) argumenta que la naturaleza “salvaje” y “prístina” no es “natural”, sino un constructo social presentado sin historia y fuera de contexto. Cronon (1995) se basó en demostrar las intervenciones humanas como productoras de ambientes “naturales”, junto con la presencia de procesos naturales en áreas no salvajes como la ciudad, para argumentar que la idea de la naturaleza prístina y salvaje tiene menos que ver con procesos biofísicos que con una imagen emocional. La construcción emocional deriva en un conflicto de representación paisajístico: “hay un abismo cada vez mayor entre las imágenes más significativas y tradicionalmente representativas de nuestros paisajes —algunas de ellas estereotipadas, incluso arquetípicas— y el paisaje real” (Nogué, 2014: 161). La construcción cultural y emotiva puede tener serias implicaciones políticas, como la promulgación de reservas que excluyan a habitantes locales (ver Neumann, 1998; Robbins, 2012). Tal como veremos más adelante, los discursos de la naturaleza salvaje de la Selva lacandona son parte de un imaginario paisajístico romantizado que dista de la realidad de trabajo y lucha agraria que han ocurrido en los alrededores del río Agua Azul.

Por ejemplo, en su elocuente trabajo sobre la contaminación en el río Atoyac, Velasco parte de la premisa de que los cambios socioambientales no son neutrales ni apolíticos para elucidar el río como un constructo social, más bien son: “como el producto relacional e histórico de un cúmulo de visiones diferentes, de políticas económicas locales y globales y como un ente no humano capaz de incidir en el entramado sociopolítico y cultural local y global” (Velasco, 2017: 14).

La lucha por domesticar la fuerza de un río por medio de la ingenuidad humana se encuentra en el origen de la historia ambiental de Egipto por parte de Mitchell (2002). Este autor describe la vinculación entre la construcción de un sistema “moderno” de presa, para remplazar el sistema de levas y pequeñas presas del imperio egipcio en el río Nilo, y las transformaciones sociales y ecológicas que crearon el escenario idóneo para una epidemia de malaria desconocida en el país: “Al manufacturar la presa, los ingenieros también manufacturaron la naturaleza” (Mitchell, 2002: 35; traducción personal). Este concepto nos recuerda la “manufactura del consentimiento” del filósofo Noam Chomsky (1987), quien habla de la producción forzada del “consentimiento” por medio de la reconstrucción y reinterpretación de hechos históricos a favor de intereses presentes. La manufactura no se basa sólo en la implementación de obras de infraestructura del aparato colonial, también en la producción discursiva de una historia sesgada que presenta únicamente una faceta de la realidad. De la misma manera, Willems-Braun (1997) vislumbra en su estudio de la construcción de la naturaleza prístina de Colombia Británica, Canadá, el proceso de “purificación” de los registros ecológicos a través de la historia, expurgando la presencia indígena del carácter “salvaje” de los bosques de la región (ver Robbins, 2012: 138).

En su obra maestra sobre la manufactura de la naturaleza, Neumann (1998) analiza la capacidad del ecoturismo en África para convertir territorios culturales y ambientales de producción en paisajes comodificados de consumo para el turismo. Según Neumann, al presentar una historia “natural” que omite la participación humana en la conformación territorial, la idea de una naturaleza salvaje y prístina no sólo niega el acceso material a la tierra, sino también desplaza los significados locales. La construcción simbólica de paisajes naturales refuerza una narrativa histórica del imperialismo europeo, perpetuando una “cultura de la naturaleza” que es herencia del colonialismo, tal como demostró Nixon (2011) en Suráfrica.

Por su parte, Velasco es optimista en señalar los límites de la manufactura de la naturaleza:

Los valores culturales, socioeconómicos y políticos hegemónicos han mediado el significado y el lugar de la naturaleza en el imaginario y en la praxis de cada grupo humano. Esta concepción analítica cobra mayor relevancia en nuestros días debido a la expansión de una visión occidentalizada del mundo y dirigida a las prácticas capitalistas de consumo. No obstante … la ideología moderna relacionada con el “naturalismo”, es decir, la idea de una naturaleza “natural”, prístina, fuera de la historia y contexto humano, está llegando a su fin (Velasco, 2017: 47).

En este artículo proponemos retomar las ideas de la manufactura de la naturaleza para analizar la promoción turística de las Cascadas de Agua Azul, en la selva norte de Chiapas. La promoción de la belleza escénica de las cascadas en relatos y narrativas se dan en un contexto de lucha por la tierra. Planes maestros y estudios de factibilidad vienen acompañados de obras carreteras y decretos presidenciales de la región como reserva, zona turística estratégica, parte de la “Puerta al Mundo Maya”. La reconstrucción histórica del sitio devela que el decreto inicial de reserva coincide con la toma de tierra por parte de los peones de esta finca. A su vez, un año después de este decreto aparece el primer proyecto de desarrollo turístico en la zona de estudio, en 1981. Con este proyecto turístico se daría inicio el proceso de construir mapas que, casualmente, no reconocen a las poblaciones —regulares o irregulares— que habitan en este espacio que se intenta configurar para el turismo.

Buscando aportar al campo emergente de estudios de ecología política del ecoturismo, discutimos la manufactura de una historia que enfatiza la belleza escénica por encima de los medios de subsistencia de las comunidades locales, y también la manera en la cual los discursos del ecoturismo son movilizados para favorecer los intereses de unos por encima de otros. A pesar de sus esfuerzos para contraponerse a visiones socioecológicas “a-políticas” (Robbins, 2012), la ecología política del ecoturismo es un campo aún en desarrollo. Si bien los estudios de la ecología política abordan ampliamente conflictos abiertos emblemáticos —como la minería o el desplazamiento forzado—, el turismo no ha sido abordado de manera sistemática por estudios de ecología política —esfuerzos recientes que contrastan esta tendencia incluyen Nepal y Saarinen, 2016; Mostafanezhad et al., 2016—. El ecoturismo es particularmente apto para un análisis desde la ecología política porque sus objetivos, positivos y laudables, inevitablemente producen ganadores y perdedores (Robbins, 2012).

Este escrito se basa en la investigación de documentos históricos y actuales —incluyendo literatura “gris” y notas de periódico— junto con entrevistas realizadas en la zona en 2010 y 2011, periodo de álgido conflicto por la cuestión de las casetas de cobro en la entrada a las Cascadas de Agua Azul. En seguimiento a dicha investigación, se realizaron entrevistas con grupos focales e informantes clave de la región en 2017, ante nuevos sucesos en la zona.

Proceso de formación territorial de la región

El análisis de la historia ambiental propone identificar los procesos que incidieron en la configuración territorial de la zona de estudio. Como parte de un proceso de (re)apropiación del territorio, grupos organizados de la región han iniciado procesos de reconstrucción oral de la historia del territorio para plasmarla por escrito. Esto como preámbulo a los procesos ejidales de elaboración de un Reglamento Interno,[1] herramienta legalmente reconocida que facilita a los núcleos agrarios el hacer respetar sus decisiones sobre el manejo de sus recursos naturales y sus procesos internos ejidales como la toma de decisiones y la actualización del padrón de derechohabientes, entre otros (ver García y Mendoza, 2006).

Comentan pobladores de San Sebastián Bachajón:

Antes de la llegada de los españoles estas tierras era llamado Muk’ulum, que significa “tierra grande”, que ya después los españoles lo cambiaron a Bachajón: Bah ch’ajan, que significa “sobre el bejuco”, porque los abuelos es lo que tenían como cama y de ahí el nombre de bahch’ajan (Taller sobre la identidad original en ejido San Sebastián Bachajón, Chilón, julio de 2017).

Según defensores de derechos humanos locales, la región de los alrededores de las Cascadas de Agua Azul formaban parte del “valle de los finqueros” (entrevista, Bachajón, Chilón, junio de 2011). Desde la llegada de los españoles a la región norte de la Selva lacandona, éstos instauraron un sistema de latifundios agrícolas, “manteniendo una especie de régimen feudal, semiesclavista, a pesar de las prohibiciones legislativas” (Alejos, 2002: 322). El “aislamiento y relativa autonomía de los choles”, descritos por los viajeros John Stephens y Désiré Charnay a mediados del siglo XIX, llegaría a su fin con la entrada de “grandes empresas agroexportadoras propiedad de extranjeros, atraídas por las políticas desarrollistas del gobierno” (idem: 323). En lo que Leyva y Ascensio (2002) denominan “la franja finquera” del siglo XIX, la cuenca del Tulijá jugó un papel central en la expansión de las fincas cafetaleras y el comercio fluvial consolidó al puerto de Salto de Agua como centro administrativo del vasto departamento de Palenque.

Los municipios actuales de Chilón, Tumbalá, Sitalá, y Salto de Agua, ubicados en la región centro norte del estado, tienen una larga historia de lucha por la tierra. Tal como narran los historiadores locales de Chilón: “Hubo mucho conflicto entre españoles y tzeltales que defendían sus tierras. El árbol grande que todavía se observa en el parque de Bachajón fue testigo de esos acontecimientos; en ese árbol fueron colgados muchos tzeltales que murieron defendiendo sus tierras” (Taller sobre la identidad original del ejido San Sebastián Bachajón, Chilón, julio de 2017). Los alemanes Friedrich Kortum y Karl Setter trajeron a la región un modelo de agricultura de exportación basado en plantaciones de café (Bobrow-Strain, 2000). Con latifundios como el del Triunfo, que pertenecía a German American Coffee Company, ocupaban con una sola finca más de 17,000 hectáreas (ha) de los municipios de Tila, Tumbalá y Salto de Agua, empleando a unos 3,000 trabajadores (ibídem). Para principios del siglo XX el centro norte de Chiapas era el segundo polo de producción de café, la de caña se había esparcido al norte de Guaquitepec, manejada también por inversionistas extranjeros (ver Bartra, 1996). Según Fernández y Tarrío (1983), en 1960 sólo 44 familias poseían más de un millón de hectáreas en Chiapas, lo que representaba un promedio de 23,000 ha por familia.

Los antepasados de los terratenientes de finales del siglo XX en la zona no fueron los hijos ni de los extranjeros ni de las élites porfirianas, sino más bien surgen en un segundo periodo migratorio, como auxiliares de dueños extranjeros. Trabajadores con cierto nivel de formación aprovecharon los empleos generados por la inversión extranjera en la región; migrantes en busca de oportunidades de trabajo, “mestizos hablantes del castellano y a veces de un idioma indígena, identificados con la cultura hispana y que desde tiempos remotos actuaban como intermediarios entre los patrones y los indígenas” (Alejos, 2002: 325). Estos ladinos ahorraron y lograron comprar terrenos a extranjeros cuyas tierras estaban en declive en el norte o a los dueños de las haciendas cañeras subutilizadas en el sur (Bobrow-Strain, 2000).

Los registros correspondientes a la zona de Agua Azul demuestran que por siglos el área fue poco habitada por la impenetrabilidad de la selva, dependiendo económicamente de los senderos hacia Ocosingo, Palenque y Salto de Agua. En 1952, Agua Azul era una finca cafetalera a donde se accedía sólo por avioneta, el dueño del predio Agua Azul, Enrique Zardain, sobresalía por ser de una familia de alto nivel económico, mientras que los dueños de los predios adyacentes eran personas originarias de Yajalón, “que compraron la tierra por casi nada” (entrevista, San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011).

Desde 1920 se reportan gestiones por parte de indígenas ante la naciente burocracia de la reforma agraria para la restitución de sus tierras. Tal como en el resto del país, será hasta la época del presidente Lázaro Cárdenas que llega una parcial reforma agraria a la región, con la dotación de más de 400,000 ha (ver Reyes, 2002). Dotaciones de tierra posteriores provocarían enfrentamientos por la reticencia de los dueños de las fincas (Bobrow-Strain, 2000). Los ejidos de la zona de estudio se formaron a mediados de los años treinta: San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, obtiene su dotación ejidal en 1935; e Ignacio Allende, municipio de Tumbalá, en 1936. La mayor dinámica en lo que corresponde al reparto agrario de la región selva norte se dio entre 1950-1969. Sin embargo, luego de ello, quedaron aún en manos de terratenientes fincas y ranchos particulares, lo que hizo que en la década de los setenta y mitad de los ochenta hubiera en toda la selva norte nuevas movilizaciones agrarias (García y Mendoza, 2006: 33).

El Primer Congreso Indígena celebrado en octubre de 1974 en San Cristóbal de Las Casas marca una pauta importante en el movimiento indígena chiapaneco. En dicho congreso, ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón denunciaron invasiones a sus tierras comunales:

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón queremos presentar a nuestros compañeros indígenas la denuncia de las invasiones que sufrimos en estas tierras comunales. A pesar de llevar muchos años de tratar de poner en orden nuestros papeles ante la Autoridad Agraria esto no ha sido posible hasta la fecha por la lentitud de los trámites en el DAAC [Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización]. Esto ha favorecido directamente a los mestizos que han invadido nuestras tierras. Existen grandes invasiones. La primera es la que colinda con las tierras de Chilón, perdidas para los chiloneros hace tiempo. Los ladinos abarcan más y más terreno. … La segunda gran invasión de tierras que sufrimos está localizada en los terrenos que están en los márgenes del río Tuliljá. Tenemos el documento antiguo que claramente atestigua que esas tierras están habitadas por bachajontecos. Actualmente nos han despojado de la parte más rica y plana. … Nos urge que se legalice a la mayor brevedad posible nuestro ejido y que nos devuelvan el terreno despojado, pues nos es imposible organizarnos y evitar mil pleitos y dificultades entre nosotros. Muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared por no poder solucionar legalmente los conflictos y somos pasto fácil de ingenieros, jefes de zona y autoridades judiciales (Cencos, 1974: 17).

Las movilizaciones agrarias proliferaron en el contexto del Congreso Indígena, sobre todo en la zona ch’ol, donde a principios de los años ochenta llegó a tener fuerte incidencia política la organización indígena Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, una de cuyas ramas participaría luego en la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN (García y Mendoza, 2006). La polarización social fomentó el arribo a la zona de organizaciones radicales de lucha por la tierra, tal como el Partido Socialista del Trabajo, PST.

La región de estudio ocupa la primera plana de los periódicos nacionales a mediados de los años setenta. Ante las solicitudes de dotación de ejidos, el gobierno respondió con la represión:

San Cristobalito, Nuevo Jericó y Nuevo Jerusalén —Palenque—, Betel Yochib —Chilón—, y Arroyo Jerusalén —Ocosingo—, eran los poblados más afectados por los conflictos agrarios ocurridos el 4 de junio de 1976. Los campesinos disputaban parte de las tierras de las fincas Agua Clara y el Encanto con 3 y mil hectáreas respectivamente, ambas ubicadas en el municipio de Ocosingo, sobre las que se formuló una solicitud de dotación, la respuesta gubernamental fue la intervención del ejército que saqueó las pertenencias de los campesinos y quemó 80 casas en San Cristobalito, 110 en Arroyo Jerusalén y 85 en Betel Yochib [este último poblado se ubica a pocos kilómetros de las Cascadas de Agua Azul] (Villafuerte et al., 1997: 141).

En 1976 los peones de la finca Agua Azul la ocupan, en lo que actualmente es la localidad de nombre oficial Arroyo Agua Azul, municipio de Chilón, no obstante en la actualidad siguen sin documentación legal de su tenencia de la tierra.[2]

De esta manera, aunque nombren “comisariado ejidal” a la autoridad de Arroyo Agua Azul, la localidad no cuenta con dotación agraria.

La represión gubernamental llegó a su punto más álgido en lo que es conocido en la zona como la “masacre de Wolonch’an”, ocurrida el 15 de junio de 1980 en la propiedad denominada Golonchán, municipio de Sitalá. Tras la invasión de dicho predio por unos 800 miembros de PST, efectivos de la zona militar XXXI —a cargo del que posteriormente fuera gobernador del estado de Chiapas, general Absalón Castellanos Domínguez— y policías sectoriales y municipales, junto con propietarios privados acompañados del presidente municipal, atacaron la toma, quemando viviendas y destruyendo cultivos. El operativo en Golonchán provocó la muerte de 12 personas y 18 resultaron heridas de gravedad, incluyendo menores de edad (entrevista, San Cristóbal de Las Casas, mayo de 2011).

A su vez, en 1985 es destruido el poblado Muk’ulum Bachajón por propietarios que promovían el proyecto turístico en las Cascadas de Agua Azul. Según fuentes consultadas, Enrique Zardain y Astrid Astudillo —dueños de los predios Agua Azul y El Ceibo, respectivamente— encabezan la agresión contra indígenas tzeltales solicitantes de tierra, quemando las casas de la comunidad. El siguiente año se repite la represión en Muk’ulum Bachajón de la mano de policías judiciales y caporales al servicio de los dueños de Agua Azul, según las denuncias. Los saldos de dicha agresión fueron documentados por Pólito y González (1996): “dos niños y tres mujeres fueron desaparecidos, nueve más resultaron heridos y 76 detenidos. El campesino Melchorio Aguilar fue capturado por caporales y entregado a la policía judicial. Posteriormente apareció muerto en el cementerio de Palenque, con las orejas cortadas, las uñas arrancadas y con tres balazos en la cabeza”.

Este testimonio recuerda la práctica colonial de castigar rebeliones indígenas —y a la vez marcar un supuesto derecho de propiedad sobre los esclavos— al cortar las orejas de los sublevados (ver García de León, 1985). Según personas que vivieron estos acontecimientos, la violencia de esta etapa “provocó muchos debates entre nuestra gente, nos preguntábamos si valió la pena los muertos” (entrevista, Bachajón, Chilón, en junio de 2011).

La historia de lucha agraria en la región norte selva de Chiapas aportará experiencia, bases de apoyo y fuerza al levantamiento de EZLN en 1994. En el marco de la llamada “Ley Agraria Revolucionaria”, bases de apoyo “recuperaron” tierras que se encuentran dentro del polígono de la reserva natural Cascadas de Agua Azul. 96 personas ocuparon, en 1994, las fincas El Ceibo, Santa Silvia, Brasilia, Lindavista, y Agua Azul:

No queremos que suceda como con nuestros abuelos, que fueron despojados. Ellos tenían que trabajar para el dueño. El dueño se acostumbró a que es “su gente” y les ofreció a nuestros abuelos unas 10 hectáreas para que se repartieran. Por ahí de 1983 fueron entregados los solares a los trabajadores de la finca. Aquí vivíamos, junto al dueño, mal pagados, mal tratados. Fue cuando comenzamos a conocer nuestra situación. En el 1994, con el levantamiento del EZLN, vimos que no hay dónde ir, y tuvimos que decidir y ser valientes y tomar esta tierra (La Jornada, 2008).

El levantamiento zapatista abre la región a los ojos del mundo, haciendo visible los procesos de explotación de las fincas, la lucha agraria y los conflictos sociales por la tierra. A la vez, de manera quizá paradójica, el movimiento también terminará impulsando el turismo en el estado, al proyectar a Chiapas a nivel mundial. Las caravanas que visitarán las comunidades zapatistas como muestra de solidaridad con los derechos indígenas abrirán también una serie de corredores turísticos que se mantienen hasta el día de hoy. Si bien el movimiento zapatista se ha opuesto al uso comercial de su nombre, actualmente tomarse la foto frente a los murales zapatistas, cenar en un lugar con un nombre revolucionario en San Cristóbal, o comprar un muñeco zapatista de lana en el mercado de artesanías, parece ser parte del paquete de consumo del turismo en Chiapas. De esta manera, el movimiento zapatista ha sido un impulso importante del turismo y de transformaciones culturales en la región (López Montoya et al., 2015).

Este complejo historial de luchas agrarias en la zona entre indígenas y dueños latifundistas es el escenario sobre el cual se impusieron proyectos de conservación y turismo, tal como veremos en la próxima sección. El mapa 1 muestra el polígono del área natural protegida, las colindancias de los municipios, y los poblados reconocidos e irregulares dentro de la zona.

Mapa 1. Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul y tenencia de la tierra.

Fuente: Elaboración propia con base en CEIEG 2012

Proyectos de conservación y turismo en las Cascadas de Agua Azul

Tres años después de la “toma” de la finca Agua Azul por parte de los mismos peones, en 1979 Enrique Zardain y las demás familias dueñas de las fincas circundantes a las Cascadas de Agua Azul recibieron con regocijo la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional por parte del presidente José López Portillo (Presidencia de la República, 1979), aunque la única vía de acceso a la zona era en avioneta privada. Cinco meses después, las Cascadas de Agua Azul fueron decretadas Zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre, publicado el 29 de abril de 1980 en el Diario Oficial de la Federación con una superficie aproximada de 2,580 hectáreas (Presidencia de la República, 1980). Ese mismo año se da a conocer el Plan Maestro de Desarrollo Cascadas de Agua Azul por parte de la Organización Consultora Mexicana S.C. (OCM, 1980), el cual sería el primero en una larga secuencia de “planes maestros” de desarrollo turístico para la región que comparten un importante detalle: borrar a la población local indígena de toda representación de la zona. La única excepción es el Plan Maestro del Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul, proyecto del Fondo Nacional de Turismo, que propone “aldeas mayas” como atractivo en su parque temático (Fonatur, 2000).

Tras una nueva ola de tomas de tierra en el marco del levantamiento zapatista, a partir del año 2000 inician diversos planes maestros y proyectos estratégicos para impulsar el turismo en esta zona del estado. Como se dijo anteriormente, en 2000 Fonatur implementa el Plan Maestro del Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul (ver Rocheleau, 2015). Dichas planificaciones serán luego integradas al Plan Puebla-Panamá, PPP, mediante su capítulo sobre la Iniciativa Mesoamericana del Turismo. De hecho, el documento base de PPP posiciona a Palenque como “la ‘Puerta de Entrada’ para las zonas arqueológicas y áreas naturales ubicadas al norte del Estado de Chiapas” (Presidencia de la República, 2001: 136).

En ese mismo año 2000, el área protegida Cascadas de Agua Azul pasa de ser Reserva Especial de la Biosfera a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, a Área de Protección de Flora y Fauna, APFF, a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp. Aunque se confirma por medio de este cambio la jurisdicción federal sobre el área, funcionarios de Conanp comentan que en ese entonces “no había gobernabilidad en la región, teníamos línea del gobierno de no meternos … ‘si te metes, es bajo tu propio riesgo’” (entrevista, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 28 de octubre de 2011).

En esta etapa, aún no hay presencia física ni trabajo en el área por parte de Conanp, quien se establece 60 kilómetros al norte en la caseta de cobro de la entrada al Parque Nacional de Palenque.

Un funcionario narra el inicio en 2006 de las operaciones de Conanp en la zona:

Hubo voluntad política de la Conanp, nos dieron recursos y personal para entrar. Entramos con los de [Arroyo] Agua Azul, a aclarar que no venimos a sacarlos de ahí, sino que a manejar la reserva. Que queríamos trabajar juntos. Ellos nos dijeron que si queríamos trabajar juntos, que primero sacáramos los de Bolon Ajaw, y luego veríamos. O sea, ¡que sacáramos a los que invadieron a los invasores! “¿¡Y ustedes, muéstrenme sus documentos!?”... Pero entonces empezamos a gestionar para resolver el problema de los zapatistas en Bolon Ajaw. Pero les dijimos que también necesitamos que nos dejen hacer cosas mínimas de manutención del área, que es nuestro trabajo —limpieza, guardaparques, mejoramiento del área para el turismo, etc.—. Entonces, fueron tres estrategias: 1) generar empleo para los de Agua Azul, como vigilantes, salvavidas, guarda parques, limpieza; 2) arreglar el problema de Bolon Ajaw; y 3) gestionar con el gobierno del estado la regularización de los terrenos y los problemas de ingobernabilidad. A Conanp no le toca la cuestión de la tierra, la reserva no tiene decreto expropiatorio, es sólo declaratorio. Había que gestionar eso con el gobierno del estado. Ahí nosotros no dijimos nada de cobrar derechos todavía, era demasiado complicado para llegar con esa propuesta en ese momento (entrevista, San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011).

Como un actor nuevo en la zona, Conanp se alineó políticamente desde el inicio con el poblado Arroyo Agua Azul, para posicionarse en esta zona polarizada por conflictos agrarios y tomas de tierra. Esto marcará la pauta en el futuro de los problemas socioecológicos en la región. Ante una historia innegable de conflictos por la tierra, la autoridad ambiental emplea el antagonismo como pieza de negociación para favorecer sus intereses de conservación. Sin embargo, antes de discutir el manejo actual del área natural protegida de las Cascadas de Agua Azul, trazamos la historia de los proyectos de conservación y turismo en la zona. Tanto en el discurso como en las herramientas de gobierno —arreglos institucionales, reglamentos y programas—, estos planes excluyen a las poblaciones indígenas en la historia del área de estudio y en su gestión actual y futura.

El anhelo de convertir las Cascadas de Agua Azul en un ambicioso proyecto turístico para aprovechar su belleza escénica está documentado desde finales de los años 1970. El decreto de “zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre” publicado en 1980 establece que la región:

reviste gran interés por su riqueza de recursos naturales y fauna silvestre, así como de sus hermosos paisajes y por la existencia de un clima cálido y húmedo … el cual ha propiciado la existencia de una vegetación densa y compacta, con árboles de gran altura, que corresponde a la clasificación de selva alta, siempre verde … y que se encuentra surcada por los ríos Shumuljá y Tulijá y sus afluentes, cuyas aguas al erosionar la roca han formado cañones no muy profundos con acantilados verticales, dando origen a espectaculares cascadas blanquiazules que contrastan notablemente con el verdor de la vegetación (Presidencia de la República 1980).

El Estudio de factibilidad y plan maestro Cascadas de Agua Azul, publicado en ese año 1980, establece que “Los propietarios de los predios Las Islas, El Embarcadero, Agua Azul (fracción) y La Joyita, localizados en el Municipio de Túmbala [sic], Chiapas, han decidido desde hace varios años el aprovechamiento de los mismos mediante un desarrollo turístico-inmobiliario … no obstante las limitaciones que presenta por su localización” (OCM, 1980: 17). Podemos considerar este estudio de factibilidad como el primero de una serie de proyecciones y planes que se harán para la región que buscan aprovechar el “atractivo escénicofaunístico en el ambiente natural [lo que implica que] la mencionada zona es propicia para fomentar el turismo nacional y extranjero” (Presidencia de la República, 1980).

Los estudios del primer Plan Maestro de las Cascadas de Agua Azul iniciaron en noviembre de 1979 —un mes después de la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico— y expresan la preocupación por desarrollar un turismo que podríamos denominar amigable con el medio ambiente, “con equilibrio”:

En el Plan Maestro se establecen criterios para el diseño de los diferentes equipamientos urbanos de modo tal que la belleza y el impacto visual del recurso de las cascadas, los ríos, la vegetación y la fauna se protejan, enriquezcan e integren un ecosistema equilibrado en el que ni el excesivo celo ecologista impida el aprovechamiento y disfrute de la belleza del sitio, ni el exagerado propósito de maximización de utilidades degrade, deteriore o destruya el medio natural de Cascadas de Agua Azul (OCM, 1980: 80; cursivas nuestras).

Este plan maestro, realizado antes de que se hubiera culminado la pavimentación de la carretera Ocosingo-Palenque —la de OcosingoAgua Azul fue abierta en 1982—, pretende aprovechar mediante un desarrollo “turístico-inmobiliario” una superficie total de 351.9 ha (ídem: 17). El proyecto es sumamente ambicioso, planteando la construcción de villas vacacionales, condominios, club de golf, zoológico y aviario (ídem: 450).

Hasta el día de hoy prosiguen los “estudios de factibilidad”, “planes maestros” y “proyectos estratégicos” para promover el turismo en Agua Azul. Realizadas desde escritorios en Tuxtla Gutiérrez, la Ciudad de México o Miami, Florida, todas estas proyecciones expresan un desconocimiento de la región y sus dinámicas, a la vez que invisibilizan la historia de conflictos territoriales en la zona. Desde el estudio de factibilidad de 1980 realizado por OCM, hasta las consultorías llevadas a cabo a principios del siglo XXI por empresas como Consultores y Asesores ABSA, S.A. de C.V., Norton Consulting Inc. —empresa con sede en Florida, USA— y EDSA, predomina una visión de gabinete que contrasta con la realidad en el terreno.

Al inicio del sexenio 2006-2012 de Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado, la administración estatal presentaba dos proyectos de infraestructura prioritarios: la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y la expansión y modernización del aeropuerto de Palenque. Ambos establecen las vías de comunicación principales para el proyecto turístico más importante del gobierno de Sabines, el Centro Integral Planeado Palenque-Agua Azul, CIPP, (Rocheleau, 2015). Inspirados en los desarrollos turísticos costeros de la Riviera Maya, las instituciones de gobierno planteaban construir un complejo turístico de gran escala con el objetivo explícito de impulsar el desarrollo económico de las regiones selva y norte de Chiapas, con base en el aprovechamiento de las zonas arqueológicas y las áreas naturales protegidas de la Selva lacandona. Las proyecciones para la zona incluían hoteles de lujo, parques temáticos y un campo de golf (Fonatur, 2000). De manera interesante, algunos aspectos de este proyecto que no logró concretizarse son aparentemente retomados en la propuesta de Tren Maya del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, diciembre de 2018-2024.

El Plan Maestro del Centro Integralmente Planeado PalenqueCascadas de Agua Azul, establece que “el turismo constituye una prioridad en las actividades económicas de Chiapas, en el inicio del siglo XXI”. Con este proyecto se busca hacer de Palenque la “puerta de entrada al Mundo Maya” y el origen de nuevos circuitos turísticos regionales, creando una “oferta hotelera de alta calidad y baja densidad”, para propiciar una “visita más prolongada y un mayor gasto turístico” (ídem: 4).

Para atraer mejor cantidad y “calidad” de visitantes —en términos de número y gasto promedio— el Plan Maestro propone la construcción de un “parque temático” en las Cascadas de Agua Azul, proyectado como “un centro de esparcimiento de calidad internacional en un ambiente de agua y selva, para el conocimiento de la naturaleza y de las culturas locales, con un área de alojamiento exclusivo, con servicios de la más alta calidad” (ídem: 7). Según el Plan Maestro, el parque temático contará con 1,260 habitaciones en hoteles, villas y cabañas, y los siguientes atractivos: módulo de atención a visitantes con sala de proyecciones, jardín botánico, vivero, zoológico, aviario, pabellones con flora y fauna, senderos interpretativos por cascadas y ríos, canotaje, balnearios, albercas, agroturismo, miradores, teleférico, circuito ecuestre, ciclopista, aldeas mayas, gastronomía y artesanía” (ibídem).

Estas proyecciones turísticas para las Cascadas de Agua Azul contemplan en su totalidad 3,780 ha (Fonatur, 2000: 8). El Plan Maestro dedica 160 ha al uso urbano, 10 ha para el poblado actual de Arroyo Agua Azul y 20 ha para la “aldea maya”, aunque no explica en qué consiste dicha “villa típica”. El documento establece también la creación de un nuevo centro de población de 130 ha, para proveedores de servicios y trabajadores del centro ecoturístico, aparentemente provenientes de otros lugares.

El proyecto se encuentra estancado frente a la falta de fondos de inversión, la descoordinación institucional y, sobre todo, los problemas inter e intracomunitarios que ha generado. Por su parte, la consultoría realizada por Norton Consulting Inc. y EDSA, desde Miami, Florida, para la administración estatal de Juan Sabines, proponía proyectos de desarrollo hotelero en la zona de las Cascadas de Bolon Ajaw específicamente: “Debido a que el acceso —hoy en día— es tan difícil, recomendaríamos que la llegada fuese por medio de helicóptero o hidroavión. Entre la experiencia de la llegada y las cascadas, podríamos hacer de Las Cascadas Lodge “Retreat” una de las experiencias de resort más especiales que existen en el hemisferio oeste” (citado en Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 2010). Otras instalaciones planteadas por Norton Consulting y EDSA incluyen un restaurante-bar con vista hacia las cascadas, “terreno para el aterrizaje del helicóptero —que se transforma por la noche en plataforma astrológica—, y “ziplines” [tirolesa] para desplazarse entre el hotel y el muelle” (ibídem).

El manejo actual del territorio
La relación entre la reserva y la población local

En el decreto de reserva de 1980 se describe la vegetación y fauna de la zona, retomando descripciones generales de las selvas altas y medias, con la supuesta presencia del jaguar y el tapir, no obstante entrevistas reportan que hace tiempo ya no se observan estos animales. La descripción del área protegida publicada unos años después inicia con el reconocimiento de que “Tal vez el principal criterio para su protección es el valor escénico del área, por lo espectacular de las cascadas” (GómezPompa y Dirzo, 1993).

La región de estudio expresa un deterioro de la base de recursos naturales. Desde que llegaron finqueros a abrir esta zona de la selva para establecer plantaciones de café y ranchos ganaderos, esta parte de la Selva lacandona ha sufrido una fuerte alteración de su entorno ambiental. Actualmente, los poblados que se encuentran dentro de la reserva practican actividades agropecuarias, “con grandes áreas dedicadas a la ganadería extensiva” (ibídem).

El análisis del uso y suelo, y de la vegetación del estado de Chiapas en 1975 (Inegi, 1975) permite documentar la perturbación del entorno natural por parte de actividades agropecuarias desde ese entonces. Según Inegi (ibídem), 87% de la superficie total de la reserva Cascadas de Agua Azul corresponde a vegetación secundaria, donde 614 ha son consideradas como de “agricultura nómada”, mientras 9% de la superficie de la zona de protección es de pastizales cultivados —197 ha—, y sólo 2.75% —61 ha— selva alta perennifolia (ibídem). Estos datos históricos contrastan con declaraciones recientes de autoridades ambientales: en una conferencia de prensa en noviembre de 2017, funcionarios de dependencias ambientales “explicaron que dentro de los factores que pudieron provocar que el agua haya tomado el cauce izquierdo del río [dejando las famosas Cascadas de Agua Azul repentinamente sin caudal] puede deberse también a la deforestación en el área, por parte de habitantes que se ubican en la zona” (El Universal, 2017).

A nivel nacional, más de 80% del territorio incluido en las áreas protegidas federales pertenece a ejidos y comunidades, mientras que la menor proporción es de propiedad privada o terrenos nacionales (Conanp, 2010: 158). La presencia humana se vuelve así un determinante central de la gestión ambiental: “La correlación histórica entre la distribución de la población, principalmente indígena, y la distribución de la biodiversidad en el territorio nacional hacen obsoletas las propuestas de conservación que excluyan a los seres humanos y sus actividades” (Castañares, 2009: 32).

Dentro de la reserva Cascadas de Agua Azul, según Conanp, 46% corresponde a propiedad social: 1,185.74 ha divididas entre 658.86 ha del ejido San Sebastián Bachajón, Chilón; 466.13 ha del ejido Ignacio Allende, Tumbalá; y 60.75 ha del ejido El Tortuguero, Salto de Agua.

Aparte de estas tierras ejidales, 54% de la reserva se atribuye a propiedades privadas: 1,411.19 ha en (ex) fincas que ahora son “tomas de tierra no regularizados”, como Arroyo Agua Azul y Bolom Ajaw.

Al preguntarle sobre la viabilidad de la estrategia de conservación por medio del turismo, uno de los dueños de las fincas ocupadas de la zona de Agua Azul responde contundentemente:

¿Conservación por turismo? Eso no, no se puede. Está hecho un mugrero, esos de Agua Azul no saben cuidar. El poblado va creciendo a lo bestia al lado de las cascadas. No hay control, hacen lo que se les da la gana. El gobierno no ha querido porque le tiene miedo a la gente. En Agua Azul, para que te des cuenta, son tres grupos invasores. Llevamos más de 30 años con este problema, pero el gobierno no ha querido (entrevista, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de diciembre de 2011).

Los diferentes diseños de proyectos estratégicos para la región se basan en una reestructuración de la apropiación territorial mediante el reordenamiento de la zona. El problema de la tenencia de la tierra y el control del territorio son planteados por la consultoría realizada por Norton Consulting y EDSA: “Antes de atraer las inversiones, el estado debe solucionar la adquisición del terreno y los problemas de acceso. La adquisición de terrenos colindantes a las cascadas es vital para la preservación de las vistas y los corredores naturales con el objeto que dichas vistas se mantengan inmaculadas y pintorescas” (Norton Consulting y EDSA, s/a: 45). Hablar de un paisaje “inmaculado” expresa no sólo un profundo fervor religioso lejos de la realidad, sino también una práctica discursiva para excluir las actividades de las poblaciones locales —mientras que las actividades humanas del turismo no son puestas en cuestión.

El primer Plan Maestro de Desarrollo Turístico de las Cascadas de Agua Azul contempla un reordenamiento total de la ocupación poblacional que vale la pena citar textualmente:

Han sido localizadas alrededor del predio varias localidades que pudiesen ser desarrolladas para constituir el poblado de apoyo para el Plan Maestro, tales como Tronconada, Zapotal, Allende y la comunidad ejidal que se encuentra al lado del predio, el lindero sureste de la poligonal [ejido San Sebastián Bachajón], que eventualmente podría funcionar como poblado de apoyo, pero que desde un principio sería deseable que no fuera así, ya que el crecimiento que se tiene previsto podría generar un desajuste en la densidad de construcción y por consecuencia, ser un elemento ajeno a los planteamientos del nuevo ecosistema. Es recomendable que se reubique este asentamiento dentro de los terrenos del ejido y se planee su crecimiento para hacer de él, alternativamente, el poblado de apoyo del proyecto (OCM, 1980: 496-498; cursivas nuestras).

En esta narrativa idealizada, el proyecto de desarrollo propone nada menos que la creación de un “nuevo ecosistema”, que podría verse perjudicado por “el asentamiento irregular y el precarismo en el área” (ibídem). De 2,580 ha contempladas por APFF de Conanp, a 3,780 ha consideradas en el Plan Maestro de CIPP para el parque temático (Fonatur, 2000: 8), estos proyectos de reordenamiento territorial han fracasado hasta la fecha, generando conflictos sociales, violencia y una destrucción del tejido social de la zona. Discursivamente y a través de prácticas de conservación y exclusión, capitalizar la belleza escénica de las Cascadas de Agua Azul pasa por una manufactura de la naturaleza que borra el factor indígena a favor del potencial turista.

El Programa de Manejo de las Cascadas de Agua Azul

La cantidad de ecosistemas bajo alguna categoría de conservación ha aumentado exponencialmente en años recientes, llegando a cubrir 5.6% de la superficie terrestre del planeta (Watson et al., 2014). México no ha sido la excepción, si bien los recursos públicos financieros y humanos dedicados a la conservación no han seguido la pauta.[3] En muchas partes del mundo la designación de ANP ha implicado la expropiación de tierras, con amplias zonas de éstas clasificadas como reserva y cedidas a organizaciones conservacionistas internacionales, en desconocimiento de los derechos de los usuarios ya presentes. Esto no ha sido el caso en México, donde la reforma agraria tras la Revolución mexicana permitió una distribución amplia de tierras. Si bien incompleta y llena de irregularidades y rezagos, la reforma agraria dotó tierras bajo el formato de la propiedad social constituyendo ejidos y comunidades agrarias. En México, las ANP han sido decretadas figurativamente “encima” y legalmente “debajo” del reparto de tierras de la reforma agraria.

Los desafíos para empatar las agendas de conservación y desarrollo socioeconómico en el manejo de las ANP exigen la construcción de acuerdos con habitantes legales de la reserva. La mayoría de los decretos que establecen una ANP no son expropiatorios; es decir, la declaración no afecta la tenencia de la tierra. Sin embargo, decretar un ANP implica regular el uso de suelo de estas áreas y limitar la manera en que los habitantes y dueños de las tierras pueden aprovecharlas. Esto depende de la categoría de ANP y de las características de las diferentes zonas de uso —por ejemplo, “zona núcleo”, “zona de aprovechamiento”, etc.— que vienen definidas en el Programa de Manejo de ANP. Después del decreto, el gobierno tiene la obligación de formular un Programa de Manejo en consulta con los habitantes de ANP, en donde se especifica las actividades permitidas y no permitidas, como la agricultura, ganadería, o caza de animales. Si bien es una obligación del Estado desarrollar dicho Programa de Manejo dentro de un plazo de un año, tal como está establecido en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LGEEPA, en pocas ocasiones se cumple este compromiso.

En 2015, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., Cemda, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, argumentando que la situación de desatención a las ANP y a los mecanismos oficiales de participación que plantea esta estrategia de conservación y desarrollo constituían una afectación al derecho humano de un ambiente sano. En abril de 2016, CNDH respondió emitiendo la Recomendación General 26/2016: “La omisión de formular, publicar y actualizar los Programas de Manejo constituye una violación de los derechos humanos a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, respecto a la protección, uso y goce de su propiedad colectiva” (CNDH, 2016).

Dicha recomendación detalla que de las 177 ANP de carácter federal decretadas hasta abril de 2016, 42.4% —75— no cuenta con un Programa de Manejo debidamente formulado y publicado (ibídem). La falta de publicación de los Programas de Manejo no sólo contraviene la LGEEPA, también representa un incumplimiento de los tratados internacionales en materia ambiental firmados por México, incluyendo el Convenio de los Humedales de Importancia Internacional, Convenio de Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio por la Diversidad Biológica y, referido a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ver Massieu, 2017).

Algunos de los puntos clave de la Recomendación de CNDH incluyen el exhorto a Semarnat y Conanp a:

• Realizar un trabajo de elaboración, publicación, aprobación, ejecución, evaluación y revisión quinquenal de los programas de manejo de las áreas protegidas de conformidad con los derechos humanos.

• Comunicar en forma adecuada, oportuna y amplia, las iniciativas para formular o revisar los programas de manejo, con el fin de garantizar que las personas interesadas sean informadas con la antelación debida, a fin de que puedan participar en el correspondiente proceso de consulta.

• En el caso de que los programas de manejo puedan afectar los intereses y derechos de los pueblos y comunidades de grupos étnicos, se efectúe una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada y “de buena fe” a los interesados.

• Una vez publicados los programas de manejo se desarrollen acciones para facilitar la integración y la activa participación de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades asimiladas a aquellos, en los Consejos Asesores de las áreas naturales protegidas así como otras instancias, para conservar tanto la diversidad biológica, como los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas a ella.

• Garantizar la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades asimiladas a aquellos, a través de la administración eficaz de las áreas conservadas por ellos (CNDH, 2016).

Al parecer la Recomendación de CNDH sacudió al sector ambiental federal, que ha buscado reducir el número de ANP sin Programa de Manejo. En este contexto, el Programa de Manejo de APFF Cascadas de Agua Azul fue repentinamente publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2017. Sin embargo, dicha publicación contradice las indicaciones de la Recomendación General 26/2016. El Programa de Manejo de las Cascadas de Agua Azul fue elaborado en 2007, con base en imágenes satelitales de 2002, lo que cuestiona el grado de actualización de los datos publicados. El Programa estipula que fue consultado en 2012, aunque trabajo de campo en la zona no pudo corroborar esta afirmación, ya que las personas entrevistadas desconocían totalmente tanto el Programa de Manejo como la supuesta consulta.

Dicho Programa establece una “subzonificación” de la reserva que no es expropiatoria, si bien es la herramienta por la cual se dictan las actividades permitidas y los usos prohibidos en los diferentes polígonos de ANP. En la reserva, de un total de 2,541 ha sale a relucir el hecho de que las viviendas son permitidas sólo en dos polígonos: la Subzona de Uso Público Cascadas de Agua Azul —de 15 ha—, donde está el conocido sitio turístico; y la Subzona de Asentamientos Humanos Agua Azul Chico, Salto del Tigre y Maquinchab, una superficie de 27 ha para estos tres poblados que forman parte del ejido San Sebastián Bachajón. En las demás subzonas no se permite la “construcción de obra pública y privada”, lo que provoca cuestionamientos sobre el destino de las localidades irregulares y las viviendas que se encuentran fuera de estas 42 ha, invisibilizando de nuevo la incidencia humana en el ecosistema de la reserva. La subzona más representada es la de “uso tradicional”, donde se permite una agricultura regulada sin el uso de agroquímicos y ganadería “sustentable” —entendida como lo opuesto a ganadería extensiva—, tampoco se permiten brechas ni obras de cualquier tipo (Presidencia de la República, 2017).

En suma, el Programa de Manejo establece a Conanp como autoridad en la zona, estipulando que cualquier actividad de turismo, venta de productos, artesanía, investigación, o educación ambiental requiere la autorización de ésta (ibídem).

Por su parte, los ejidos de la zona —que no participan en los proyectos turísticos— se han venido organizando y han construido acuerdos bilaterales entre comunidades por conflictos de linderos, sin la intervención gubernamental. A la vez, el ejido San Sebastián Bachajón inició en 2017 el proceso de construcción de su Reglamento Interno, con el fin de “fortalecer la vida de los habitantes del ejido —hombres y mujeres—, en su forma de organización social, económica, y religiosa o no religiosa, en el aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales, y en la preservación de su cultura” (borrador de reglamento interno, San Sebastián Bachajón, 2017).

A manera de conclusión

El caso de las Cascadas de Agua Azul resalta la importancia de estudiar la historia de los procesos de formación territorial junto con las relaciones entre actores locales. Ilustra un Chiapas contemporáneo marcado por la conflictividad social, con un conflicto armado aún sin solucionar. Resaltan las estrategias de intervención del Estado en el tejido comunitario dividido, buscando aliarse con unos actores para marginar a otros, justificando su intervención en discursos sobre desarrollo y conservación ambiental.

La belleza escénica otorga un nuevo valor al territorio de las Cascadas de Agua Azul. Si la funcionalidad que más daba su forma/contenido al territorio previamente era su potencial productivo —primero para fincas cafetaleras, luego para la milpa de los propios trabajadores de las fincas que las “ocuparon” en 1976—, ahora el río —que previamente era únicamente acceso al agua para los fines de producción y reproducción familiar— cobra un nuevo sentido, detonando nuevas actividades económicas —prestación de servicios turísticos— y reterritorializando el lugar que se proyecta a nivel internacional en las publicidades turísticas.

Las cascadas y la naturaleza salvaje de la Selva lacandona son parte de un imaginario paisajístico romantizado que dista de la realidad de trabajo agrícola y lucha agraria que han ocurrido en los alrededores del río Agua Azul. El proceso de manufactura de la naturaleza implica justamente borrar dicha historia. Desplazando los significados locales, la manufactura de la naturaleza implica construir una belleza escénica salvaje, prístina, a la vez que se niega el acceso a la tierra. Los estudios y planes maestros piden regularizar los problemas de tenencia de la tierra para mantener las vistas “inmaculadas”, en un fervor cuasi religioso por borrar la intervención humana y excluir a las poblaciones locales —no a los turistas externos— de los ecosistemas.

Inicialmente movilizados por parte de finqueros locales para proteger su derecho a la tierra ante “tomas de tierra”, los discursos del ecoturismo —conservación de la naturaleza para mejorar la “cantidad” y “calidad” del turismo— fueron posteriormente apropiados por Conanp para posicionarse en la región como garante único de la belleza escénica.

En un cumplimiento parcial de las recomendaciones de CNDH sobre la participación de habitantes de las ANP en su manejo, Conanp emitió un Programa de Manejo de APFF Cascadas de Agua Azul erigiéndose como autoridad única sobre la región sin la participación de habitantes y usuarios de la zona. La manufactura anacrónica de un paisaje natural, sin usuarios salvo los turistas y prestadores de servicios turísticos, se repite en negar a los habitantes el derecho a la consulta previa, libre e informada del Programa de Manejo. Ante este Programa de Manejo, los ejidos de la zona han iniciado un proceso de acuerdos bilaterales directos, sin la participación del Estado, mientras persisten iniciativas de construcción de reglamentos internos para sobrepasar divisiones y conflictos intra e inter comunitarios.

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Notas

* Doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. En este escrito se retoman investigaciones realizadas como parte de la tesis de maestría en desarrollo rural (Libert, 2012). Temas de interés: ecología política, gobernanza, transformaciones socioecológicas, https://orcid.org/0000-0002-9716-0283, correo electrónico: antoinelibert@hotmail.com Fecha de recepción: 19 12 17; Fecha de aceptación: 08 08 18.

1 En respuesta a lo que se percibía como modificaciones de los acuerdos internos de los ejidos por parte del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, Procede, en 2006 el ejido San Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, registró ante la Procuraduría Agraria su Reglamento Interno, donde actualiza su padrón ejidal y los acuerdos de asamblea sobre la gestión de los recursos naturales en el ejido. En 2017, el comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón anunció su interés en construir un Reglamento Interno con el acompañamiento de centros de derechos humanos y la misión jesuita de Bachajón, con el objetivo de dar fin a los conflictos en el ejido y defender sus derechos ancestrales.

2 Miembros de la cooperativa Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul, S.C. de R.L. señalan que en 2015 el gobierno estatal gestionó la regularización del terreno de Zardain Villegas, entregando a Arroyo Agua Azul documentos correspondientes a 339 hectáreas de la zona, sin embargo esta regularización no ha sido reconocida por los vecinos (La Jornada, 2017).

3 De 2015 a 2017, el presupuesto del sector ambiental en México sufrió un recorte de 50% (Cemda, 2016). Según datos retomados por Massieu (2017), a nivel mundial el promedio de personal asignado a la vigilancia de las ANP es de 27 por cada 100 mil hectáreas; en México es de seis personas para la misma superficie.